SRE abre el expediente de Rocha Moya y exhibe la ruta de la solicitud de EU
Por EDITOR Julio 10, 2026 33
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos relacionados con la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, en un intento por transparentar el procedimiento diplomático seguido por México.
La decisión se produjo por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la polémica generada por la reserva inicial de la información. Los documentos muestran la comunicación oficial entre ambos gobiernos y detallan el recorrido institucional que siguió la petición estadounidense desde su recepción hasta su envío a la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la Cancillería, la solicitud de detención provisional fue remitida por la vía diplomática, pero la FGR concluyó que no existían elementos suficientes para ejecutar una detención inmediata, al considerar que la documentación presentada no acreditaba el requisito de urgencia previsto en el tratado bilateral de extradición.
La SRE también cuestionó que las autoridades estadounidenses difundieran públicamente las acusaciones antes de que concluyera el procedimiento legal, al señalar que esa actuación puede afectar el debido proceso y la cooperación judicial entre ambos países. La dependencia sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse con base en pruebas y conforme a los mecanismos establecidos por el tratado de extradición.
Los documentos difundidos confirman que México no rechazó de manera definitiva la petición estadounidense, sino que solicitó información y pruebas adicionales para que la FGR pueda determinar si existen elementos jurídicos suficientes para avanzar en el procedimiento.
El caso ha adquirido una dimensión política y diplomática, ya que Rubén Rocha Moya fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que el gobernador con licencia ha rechazado públicamente y que aún no han sido resueltas por las autoridades mexicanas.
Con la publicación de estos documentos, el Gobierno federal busca demostrar que el procedimiento se ha conducido conforme al marco legal vigente, mientras la decisión sobre una eventual extradición permanece en manos de la Fiscalía General de la República, una vez que cuente con los elementos necesarios para pronunciarse.
