Huachicol evoluciona: crimen organizado ya opera sus propias minirrefinerías
Por EDITOR Agosto 3, 2026 39
El combate al robo de combustibles en México enfrenta una nueva etapa. De acuerdo con la información presentada, las organizaciones criminales ya no sólo extraen gasolina mediante tomas clandestinas, sino que han evolucionado hacia la producción y refinación ilegal de hidrocarburos mediante instalaciones propias.
La transformación del fenómeno quedó evidenciada tras diversos aseguramientos realizados por autoridades federales desde 2019, cuando comenzaron a localizar complejos clandestinos con infraestructura capaz de procesar millones de litros de hidrocarburos destinados al mercado ilegal.
Uno de los casos más representativos es el de una minirrefinería asegurada en 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz, la cual permanece abandonada y sin ser desmantelada, según la información difundida. La instalación cuenta con estructuras industriales, torres de destilación, tanques y equipos especializados que evidencian un nivel de operación muy superior al de las tradicionales tomas clandestinas.
El hallazgo confirma que las redes dedicadas al huachicol han incrementado su capacidad logística, financiera y tecnológica para controlar una parte más amplia de la cadena de producción y comercialización de combustibles ilegales.
Especialistas en seguridad consideran que este cambio representa un desafío adicional para las autoridades, ya que implica combatir organizaciones con infraestructura industrial, cadenas de suministro, capacidad de almacenamiento y redes de distribución mucho más complejas que las observadas durante la primera etapa del robo de combustible.
La evolución del huachicol también incrementa los riesgos ambientales y de seguridad, debido a que las operaciones clandestinas de refinación pueden generar emisiones contaminantes, manejo inadecuado de sustancias peligrosas y un mayor riesgo de explosiones o derrames.
El fenómeno confirma que el mercado ilícito de combustibles continúa adaptándose a la presión de las autoridades, obligando al Estado a reforzar tanto la inteligencia financiera como la vigilancia sobre instalaciones industriales utilizadas por grupos criminales.
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