Veracruz reconoce manipulación del Registro Público para despojar de inmuebles

Por EDITOR Noviembre 18, 2026 11

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, confirmó que existen detenidos y personas prófugas por el llamado cártel inmobiliario. Más de 170 personas han acudido a reclamar posibles afectaciones patrimoniales; digitalizar los 48 millones de documentos del Registro Público exigirá una inversión millonaria.

El Gobierno de Veracruz reconoció que los libros del Registro Público de la Propiedad fueron manipulados para facilitar operaciones fraudulentas y despojos de inmuebles. La admisión fue realizada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien confirmó que las investigaciones por el denominado cártel inmobiliario ya tienen personas detenidas y otras que permanecen prófugas.

 

Durante su comparecencia ante el Congreso estatal, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle, Ahued explicó que se incorporaban anotaciones a los libros registrales para alterar información y permitir fraudes sobre la propiedad de bienes inmuebles.

 

El funcionario reconoció así una vulnerabilidad en el sistema encargado de dar certeza jurídica al patrimonio de los veracruzanos. Según su explicación, las alteraciones se realizaban directamente en los libros físicos, lo que permitía modificar los antecedentes registrales de una propiedad.

 

Ahued informó que más de 170 personas han recibido atención por reclamaciones relacionadas con posibles despojos. También aseguró que existen detenidos, personas prófugas y actuaciones emprendidas contra algunas prácticas notariales. Sin embargo, no precisó cuántos registros fueron alterados, cuántos inmuebles resultaron afectados ni cuántas personas han recuperado legalmente sus propiedades.

 

La investigación involucra posibles irregularidades en notarías, falsificación de escrituras, suplantación de identidad y alteración de documentos. El secretario señaló que las revisiones se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, y que se han efectuado movimientos de registradores para reforzar la vigilancia de los archivos.

 

Uno de los principales pendientes es determinar el alcance de las revisiones al notariado. Veracruz cuenta con 260 notarías y legisladores solicitaron conocer cuántas han sido inspeccionadas, dónde se detectaron irregularidades y qué sanciones administrativas se han aplicado. Ahued no presentó un desglose completo de esos resultados durante su comparecencia.

 

La modernización del Registro Público aparece como una de las respuestas planteadas por el Gobierno estatal. Ahued informó que el archivo histórico concentra alrededor de 48 millones de documentos y que su digitalización requerirá una inversión importante. Una estimación difundida durante la comparecencia situó el costo de digitalizar los documentos en aproximadamente 60 millones de pesos, sin incluir necesariamente todo el equipamiento y la infraestructura tecnológica.

 

La dimensión del problema también abre una discusión sobre los controles institucionales: el Registro Público debe garantizar que las escrituras, inscripciones y movimientos sobre una propiedad sean verificables y que cualquier modificación deje una huella documental. Durante la comparecencia se planteó incluso la posibilidad de establecer alertas para que los propietarios reciban avisos cuando alguien intente vender, transferir o hipotecar sus inmuebles.

 

El desafío para Veracruz será demostrar que las investigaciones alcanzan a quienes manipularon los registros y a quienes pudieron beneficiarse de esas operaciones. La digitalización puede reducir riesgos, pero no sustituye la investigación de los casos, la reparación del daño ni la rendición de cuentas sobre las responsabilidades de servidores públicos y fedatarios.

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