Auditoría de Nuevo León detecta transferencias por mil 696 millones a despacho ligado a familia de Samuel García

Por EDITOR Noviembre 18, 2026 17

El auditor Alejandro Reynoso reportó 786 depósitos de proveedores gubernamentales a una firma jurídica y fiscal, así como 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros. Los hallazgos forman parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025 y se suman a observaciones federales previas.

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León detectó nuevas presuntas triangulaciones de recursos públicos por medio de proveedores y contratistas del Gobierno estatal, cuyas transferencias habrían terminado en un despacho jurídico y fiscal relacionado con la familia del gobernador Samuel García. En la revisión de la Cuenta Pública 2025, el órgano fiscalizador identificó 786 depósitos por mil 696.6 millones de pesos.

 

El auditor superior, Alejandro Reynoso Gil, presentó los resultados el martes 17 de noviembre ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local. Expuso que los depósitos fueron realizados por proveedores y contratistas que recibieron recursos públicos y posteriormente transfirieron dinero a una firma que describió como un despacho jurídico y fiscal relacionado con un funcionario de primer nivel y un familiar.

 

A los mil 696.6 millones de pesos transferidos, la Auditoría añadió 418.8 millones en rendimientos financieros. Con ambos conceptos, el monto asociado a las operaciones asciende a 2 mil 115.4 millones de pesos. Es importante distinguir que los rendimientos no son otra transferencia presupuestal: corresponden a ganancias financieras atribuidas al dinero recibido por el despacho.

 

Aunque Reynoso evitó mencionar nombres, las investigaciones periodísticas identifican a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, relacionada con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. El auditor tampoco señaló directamente al mandatario ni a su esposa, Mariana Rodríguez; se refirió a un alto funcionario y a una empresa del sector de cosméticos.

 

Uno de los casos expuestos involucra al DIF de Nuevo León y al proveedor Don Cacahuato. De acuerdo con la información presentada, parte de los recursos pagados a esa empresa habría pasado por cinco compañías identificadas como relacionadas entre sí. En un periodo de ocho días, 23.2 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico. La revisión del organismo también incluye señalamientos por adquisiciones con posibles sobreprecios.

 

La fiscalización estatal también puso bajo revisión operaciones relacionadas con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Isssteleón. Ambas instituciones habrían recibido 420.6 millones de pesos, de los cuales 74.1 millones presuntamente se transfirieron al despacho. Los señalamientos se relacionan con adquisiciones de medicamentos contra el cáncer y documentación que, según el auditor, no acreditaría suficientemente la entrega de los insumos.

 

Los nuevos hallazgos se suman a los reportados por la Auditoría Superior de la Federación. El 30 de octubre, la instancia federal presentó ante la Cámara de Diputados información sobre operaciones por al menos 728.13 millones de pesos que habrían llegado a la firma mediante proveedores gubernamentales. Aunque existen similitudes en los mecanismos descritos, no es correcto sumar automáticamente los montos estatales y federales sin determinar si corresponden a operaciones distintas.

 

La revisión de la Cuenta Pública 2025 tiene un alcance mayor: la Auditoría estatal reportó 8 mil 902 observaciones no solventadas por 61 mil 001 millones de pesos, de los cuales 59 mil 533 millones corresponden al Gobierno estatal y sus organismos paraestatales. También informó de 233 denuncias derivadas de sus trabajos de fiscalización. Estas cifras abarcan distintos expedientes y no deben confundirse con el monto de las transferencias al despacho.

 

El caso entra ahora en una etapa en la que será necesario esclarecer el origen y destino de los recursos, la justificación de las transferencias y la posible existencia de beneficios indebidos. Las observaciones de auditoría y las presuntas triangulaciones no constituyen por sí mismas una sentencia ni acreditan responsabilidad penal del gobernador o de sus familiares. La determinación corresponderá a las autoridades investigadoras y, en su caso, a los tribunales.

Compartir

EDITOR

Editor Ver noticias del autor

EDITOR

Editor Ver noticias del autor

Navegación

  • Nacional
  • En los tiempos de la radio
  • Entrevistas
  • Internacional
  • Deportes
  • Columnas invitadas
  • Finanzas
  • Atrapados en las Redes
  • Columnas Político Financieras
  • Principales medios
  • Nacional
storymapping
  • AngularJS
  • ReactJS
  • Browserify