UIF bloquea cuentas de 40 personas ligadas a proveedores electorales

Por EDITOR Noviembre 5, 2026 2

La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a 25 personas físicas y 15 morales en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la FGR. La medida abre otro frente en la investigación por presuntas irregularidades en contratos del INE; no implica culpabilidad definitiva.

La investigación sobre los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al terreno financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales relacionadas con proveedores electorales, luego de identificar operaciones que consideró de riesgo y que requieren revisión de las autoridades.

 

La Secretaría de Hacienda informó que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 empresas. También confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades conforme a derecho.

 

El bloqueo no equivale a una sentencia ni demuestra, por sí mismo, la comisión de un delito. Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y administrativo, y que las personas afectadas conservan sus mecanismos de defensa y garantía de audiencia.

 

La dependencia tampoco difundió los nombres de los involucrados ni detalló las operaciones financieras que originaron la medida. Aunque diversos reportes periodísticos identifican entre los presuntos afectados a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a empresarios vinculados con proveedores electorales, esa información no fue confirmada individualmente por el comunicado oficial de la UIF.

 

El caso se suma a los señalamientos sobre una presunta red de empresas que habría simulado competencia para obtener contratos de organismos electorales. En una comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control del INE expuso investigaciones sobre cinco compañías que habrían concentrado contratos por alrededor de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales. Se trata de contratos bajo sospecha, no de un monto cuyo desvío esté judicialmente acreditado.

 

La revisión también apunta a posibles conflictos de interés y vínculos entre proveedores y funcionarios del instituto. Reportes periodísticos han documentado, además, la contratación de personas relacionadas con empresas proveedoras, un tema que requiere esclarecer quién autorizó los nombramientos, qué funciones desempeñaron y si existió alguna intervención en los procesos de adjudicación.

 

A la investigación financiera se suma la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que anunció una fiscalización histórica de contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral, el INE y los organismos públicos locales electorales, correspondiente al periodo 2000-2025. El objetivo es identificar posibles irregularidades en el ejercicio del gasto y en los procedimientos de adquisición.

 

El expediente plantea una exigencia que rebasa a las personas señaladas: determinar si los mecanismos de contratación y vigilancia del sistema electoral funcionaron, quién permitió las posibles anomalías y si hubo daño al erario. La UIF ya llevó el caso ante la FGR; ahora corresponde a las investigaciones establecer responsabilidades con pruebas y debido proceso.