Sheinbaum busca que bienes decomisados a narcos en EU regresen a México

Por EDITOR Agosto 4, 2026 49

El Gobierno de México buscará que parte de los bienes decomisados por autoridades de Estados Unidos a integrantes del crimen organizado sean devueltos al país como una forma de reparar el daño económico y social provocado por las organizaciones delictivas. La propuesta fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes.

La mandataria afirmó que, siempre dentro del marco de los mecanismos de cooperación bilateral y de las leyes aplicables, México solicitará que los recursos obtenidos por el aseguramiento de bienes de narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco sean entregados al Estado mexicano, al considerar que fue en territorio nacional donde se ocasionó el mayor daño.

“Todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea”, sostuvo la presidenta al explicar que los recursos recuperados podrían destinarse al beneficio de la población si así lo permiten los procedimientos legales entre ambos países.

El planteamiento surge en un contexto en el que autoridades estadounidenses estimaron que el daño patrimonial atribuido a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, asciende a 15 mil millones de dólares, cifra utilizada por el gobierno estadounidense dentro de los procesos judiciales que enfrenta el narcotraficante.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicar el proceso mediante el cual fueron recuperados 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, así como el vínculo de esos recursos con la familia Weinberg.

La propuesta abre un nuevo frente en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, ya que implicaría ampliar los mecanismos de recuperación y repatriación de activos derivados de investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

De concretarse, la iniciativa podría sentar un precedente para que recursos asegurados en procesos penales internacionales sean utilizados para financiar programas públicos, fortalecer instituciones o resarcir parte del impacto económico generado por las organizaciones criminales en México.