Peña gana tiempo ante juicio político por el colapso de Ueno Bank
Por EDITOR Noviembre 6, 2026 70
El presidente paraguayo solicitó 72 horas para preparar su defensa, luego de recibir la acusación y cerca de 300 fojas de anexos menos de 12 horas antes de su comparecencia. El Congreso rechazó su renuncia y abrió el proceso que podría destituirlo.
La crisis financiera de Ueno Bank colocó al presidente de Paraguay, Santiago Peña, frente a un juicio político que puede terminar con su destitución. Este viernes 6 de noviembre, el mandatario solicitó al Senado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al argumentar que recibió la notificación de la acusación cuando faltaban menos de 12 horas para comparecer.
En una carta dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, Peña explicó que la notificación llegó a las 22:15 del jueves 5 de noviembre. El documento incluía un escrito acusatorio de 15 páginas y alrededor de 300 fojas de anexos. A su juicio, ese plazo no le permitía elegir un abogado de confianza, revisar las pruebas y responder en condiciones compatibles con el debido proceso.
El pedido llegó después de una jornada de máxima tensión política. Peña anunció su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó y decidió continuar con el juicio político. La Cámara de Diputados aprobó la acusación con 78 votos, mientras el Senado asumió la etapa de juzgamiento. La renuncia, por tanto, no produjo su salida del cargo.
El proceso tiene como detonante la intervención de Ueno Bank, entidad digital que atendía a alrededor de tres millones de clientes y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos. La intervención del Banco Central paraguayo se produjo después de detectar incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. El cierre de sus servicios dejó a numerosos clientes sin acceso a sus depósitos, pagos y ahorros, y detonó protestas y reclamos.
Los legisladores que promovieron el juicio atribuyen a Peña posibles conflictos de interés por sus vínculos anteriores con Grupo Vázquez, conglomerado que controlaba Ueno; cuestionan también el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, como titular del Banco Central, y señalan la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en la entidad. Son acusaciones incluidas en el libelo legislativo, no responsabilidades acreditadas por una sentencia.
Peña ha sostenido que vendió su participación en el grupo empresarial en marzo de 2025 y ha rechazado haber intervenido indebidamente en la operación del banco. También ha dicho que comparecerá ante el Senado para exponer su versión y presentar argumentos y pruebas. Su defensa plantea que el procedimiento debe respetar las garantías constitucionales.
La crisis ya alcanzó al sistema financiero y al propio gobierno. El colapso de Ueno provocó la salida del titular del Banco Central, órdenes de detención contra directivos y una investigación penal sobre la supervisión de la entidad, el manejo de fondos públicos y las decisiones adoptadas antes de la intervención. La fiscalía paraguaya abrió tres líneas de investigación relacionadas con el caso.
El Senado debía resolver este viernes si concedía las 72 horas solicitadas. La decisión definirá el calendario inmediato del juicio, pero no el fondo del caso: los legisladores tendrán que valorar las acusaciones y la defensa del mandatario. Para Paraguay, el desenlace también tendrá consecuencias sobre la estabilidad política, la confianza en el sistema bancario y la recuperación de los ahorros de los clientes afectados.
La disputa ya no se limita a la permanencia de Peña en la Presidencia. También está en juego la rendición de cuentas sobre una entidad financiera que manejaba recursos públicos y atendía a millones de paraguayos. La pregunta central es si las investigaciones podrán determinar quién tomó las decisiones que llevaron a Ueno al colapso y si existió protección política o institucional.
