OFAC sanciona al exesposo de Marina del Pilar y señala red de protección al narco en BC
Por EDITOR Septiembre 30, 2026 52
Carlos Alberto Torres y su hermano Luis Alfonso fueron incluidos por el Tesoro de Estados Unidos entre 21 personas sancionadas junto con 25 empresas; la UIF mexicana bloqueó las operaciones financieras de los 46 objetivos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al señalarlo como operador político vinculado con una estructura de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene presencia en Baja California. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue incluido en la medida.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a 21 personas y 25 entidades en la acción anunciada el 29 de septiembre. En el caso de Torres, el Tesoro estadounidense sostiene que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, y que utilizaba su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal y obstaculizar acciones de las autoridades en Baja California. Se trata de señalamientos de la autoridad estadounidense, no de una sentencia judicial.
El expediente estadounidense ubica el caso dentro de una estructura más amplia asentada en Mexicali y Tijuana. Según OFAC, Los Rusos, una subfacción de Los Mayos, controla la plaza de Mexicali y mantiene redes de protección y corrupción; el documento coloca a Torres y a otros exfuncionarios dentro de esa estructura. El Tesoro también afirma que Torres habría recibido pagos mensuales relacionados con esa operación.
La medida alcanzó también a empresas. OFAC designó, entre otras, a Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., así como Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF. La dependencia estadounidense sostiene que esas compañías estaban controladas o dirigidas por Luis Torres o actuaban en su nombre.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera respondió con una medida administrativa preventiva: incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 46 objetivos incluidos en la designación estadounidense. La UIF informó que detectó operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. El bloqueo no equivale por sí mismo a una condena penal.
Torres rechazó los señalamientos. Afirmó que no tiene relación con grupos o actividades criminales y reconoció que mantiene una participación de 30 por ciento en Vida Orgánica Tijuana, una de las empresas designadas por OFAC. También anunció que buscará aclarar su situación ante las autoridades estadounidenses y mexicanas.
El gobierno de Baja California, por su parte, estableció que Marina del Pilar Ávila no aparece entre las personas sancionadas por OFAC y señaló que la gobernadora está legalmente divorciada de Torres. También informó que instruyó revisar si las empresas incluidas en la lista estadounidense tuvieron contratos con el gobierno estatal y, en su caso, remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El caso abre ahora dos rutas distintas: la financiera, por los bloqueos determinados en México y las sanciones estadounidenses, y la institucional, por la revisión anunciada por el gobierno estatal sobre posibles relaciones contractuales con las empresas designadas. El punto central será determinar qué operaciones, vínculos empresariales y relaciones con funcionarios pueden ser acreditados documentalmente más allá de los señalamientos contenidos en la acción de OFAC.
