Morena lleva a Samuel García y Adrián de la Garza ante la FGR

Por EDITOR Noviembre 5, 2026 19

Clara Luz Flores presentó dos denuncias penales: una contra el gobernador de Nuevo León y su entorno familiar por presuntas triangulaciones de 7 mil 212 millones de pesos, y otra contra el alcalde de Monterrey por el contrato de Next Energy, valuado en 7 mil 370 millones.

La disputa política en Nuevo León llegó nuevamente a la Fiscalía General de la República (FGR), ahora con dos denuncias penales presentadas por Morena contra los principales gobernantes del estado: el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, del PAN.

 

Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León, acudió este miércoles a la sede de la FGR en Ciudad de México, acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar. La primera denuncia señala a García, a su esposa Mariana Rodríguez, a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a otras personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

El señalamiento de mayor dimensión económica apunta a una presunta triangulación de recursos públicos por 7 mil 212 millones de pesos. Según la denuncia, el dinero habría salido de dependencias estatales hacia empresas proveedoras y, mediante transferencias entre distintas compañías, habría llegado a despachos jurídicos vinculados con familiares del mandatario. La acusación retoma una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2025.

 

La ASF informó que presentó una denuncia penal el 16 de octubre, luego de identificar movimientos financieros que consideró indicios de posibles actos ilegales. El auditor superior explicó que el organismo tiene mapeada la ruta de los recursos, pero reservó detalles para no comprometer el debido proceso. La existencia de una denuncia de la ASF no equivale a una resolución judicial sobre el destino ilícito del dinero ni acredita responsabilidad personal del gobernador.

 

Morena también pidió investigar contratos por 110 millones de pesos celebrados por el gobierno estatal con empresas que, de acuerdo con los denunciantes, fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y tendrían presuntos vínculos con el crimen organizado. Corresponderá a las autoridades verificar las empresas involucradas, los contratos, los servicios prestados y el origen y destino de los pagos.

 

La segunda denuncia fue dirigida contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la excontralora municipal Jovita Morín Flores. El expediente se relaciona con el contrato de Next Energy para un proyecto de parque solar, cuyo compromiso presupuestal fue señalado por Morena en 7 mil 370 millones de pesos. La querella plantea posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

El caso Next Energy tiene antecedentes de controversia por el costo y las condiciones del proyecto. La denuncia de Morena busca que se investigue si la contratación y las decisiones relacionadas con el convenio comprometieron recursos municipales en condiciones irregulares. La cifra de 7 mil 370 millones corresponde al monto señalado en la acusación y no debe confundirse automáticamente con un daño patrimonial ya determinado.

 

Flores solicitó que intervengan el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la ASF, con el propósito de reconstruir las operaciones, identificar cuentas y establecer quiénes habrían recibido los recursos. Hasta ahora, las denuncias representan señalamientos que deberán ser investigados; no son sentencias ni acreditan por sí mismas los delitos mencionados.

 

El expediente abre dos frentes de presión para los gobiernos de Nuevo León y Monterrey, pero también pone a prueba a la FGR: deberá establecer si las rutas financieras descritas corresponden a operaciones ilegales, quién autorizó los contratos y pagos y si existió afectación a las finanzas públicas. En un estado donde las acusaciones ya cruzan a dos fuerzas políticas, la diferencia entre la confrontación partidista y la rendición de cuentas estará en las pruebas y en los resultados de las investigaciones.