México aprueba nueva ley contra el maltrato y abandono animal
Por EDITOR Noviembre 19, 2026 30
La Cámara de Diputados avaló el ordenamiento con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Establece obligaciones de alimentación, alojamiento y atención veterinaria; prohíbe las peleas de perros, el abandono y las mutilaciones sin justificación médica, y limita la venta de animales a establecimientos autorizados.
México contará con un marco nacional para regular el bienestar, cuidado y protección de los animales. La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General en la materia con 470 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, y remitió el proyecto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. El ordenamiento reconoce a los animales como seres sintientes y distribuye responsabilidades entre la Federación, los estados y los municipios.
La legislación establece obligaciones para toda persona física o moral que tenga animales bajo su cuidado: proporcionar agua y alimento suficientes, atención veterinaria periódica, alojamiento adecuado y estímulos físicos, sociales y mentales acordes con las necesidades de cada especie. También exige evitar el hacinamiento y mantener condiciones que permitan a los animales expresar sus comportamientos naturales.
Entre las conductas prohibidas están el abandono, la privación de alimento o agua que comprometa la salud, las lesiones deliberadas, la tortura, las peleas de perros y las mutilaciones o modificaciones físicas con fines estéticos que no tengan justificación médica. El texto también prohíbe someter a los animales a prácticas de zooerastia y comercializar ejemplares enfermos o lesionados.
La venta de animales quedará sujeta a registros y autorizaciones de las autoridades competentes. Los establecimientos deberán garantizar condiciones de salud, alimentación, hidratación, espacio, ventilación y limpieza, además de proporcionar información sobre el origen, estado de salud y necesidades del ejemplar. La norma prohíbe vender animales de compañía en mercados, tianguis, vía pública o vehículos, así como comercializarlos en establecimientos cuyo giro no esté autorizado.
El transporte también tendrá reglas específicas. Se prohíbe movilizar animales suspendidos de alguna parte del cuerpo, en condiciones de hacinamiento o mediante procedimientos que les ocasionen lesiones, dolor o sufrimiento. Las autoridades deberán verificar que el embarque, traslado y desembarque se realicen con instalaciones y equipos adecuados para cada especie.
El proyecto incorpora cinco dimensiones del bienestar animal: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. Además, establece la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, programas especiales y estatales, un subsistema de información y el Registro Nacional de Animales de Compañía. También prevé Centros Integrales de Salud, Atención, Protección y Bienestar Animal, con servicios de vacunación, desparasitación, esterilización y atención veterinaria.
La legislación contempla sanciones administrativas por incumplimientos, entre ellas multas, decomiso de animales y arrestos de hasta 36 horas, de acuerdo con la infracción y las disposiciones aplicables. El Canal del Congreso informó que las multas pueden alcanzar 234 mil 620 pesos.
El alcance del ordenamiento también toca actividades productivas, investigación, espectáculos y exhibición de animales. En materia de producción y abasto, las nuevas disposiciones deberán aplicarse en coordinación con la legislación sanitaria y las normas oficiales correspondientes. La ley no elimina de manera automática todas las actividades en las que participan animales: establece reglas, competencias y condiciones para su regulación, mientras que ciertas manifestaciones culturales quedan sujetas a facultades de las entidades federativas.
La aprobación legislativa representa un cambio en el marco nacional, pero su eficacia dependerá de la publicación oficial, la reglamentación, la coordinación entre autoridades y los recursos destinados a inspección, rescate y atención veterinaria. El siguiente paso será convertir las obligaciones establecidas en el papel en mecanismos que puedan aplicarse y supervisarse en todo el país.
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