La FGR investiga 104 ataques a vías de comunicación en la CDMX

Por EDITOR Noviembre 19, 2026 8

Entre 2020 y 2025 se iniciaron 104 investigaciones federales por delitos relacionados con vías de comunicación en la capital; 61 corresponden a 2025, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. En paralelo, la autoridad capitalina contabilizó 1,735 bloqueos viales entre octubre de 2024 y agosto de 2025.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició 104 investigaciones por delitos en materia de vías de comunicación en la Ciudad de México entre 2020 y 2025. De ese total, 61 carpetas corresponden a 2025, año en el que se concentró la mayor parte de los expedientes del periodo, según información obtenida mediante solicitudes de transparencia y publicada por El Sol de México.

 

Los datos colocan bajo atención federal un problema que va más allá de las afectaciones al tránsito cotidiano. Los ataques a las vías de comunicación pueden comprometer carreteras, caminos, rutas ferroviarias, instalaciones de transporte y redes de telecomunicaciones, infraestructura indispensable para el desplazamiento de personas y mercancías.

 

El marco jurídico contempla distintas conductas y sanciones. El artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece penas de tres meses a siete años de prisión y multas para quienes interrumpan determinados servicios o medios de transporte, entre otras conductas previstas en ese ordenamiento. El Código Penal Federal también contempla delitos relacionados con ataques a vías de comunicación.

 

La dimensión del problema en la capital aparece también en los registros de movilidad. El primer informe de Gobierno de la Ciudad de México reportó 1,735 bloqueos viales entre octubre de 2024 y agosto de 2025, de los cuales 1,177 fueron clasificados como locales y 548 como federales.

 

Sin embargo, ambas estadísticas miden fenómenos diferentes. Los bloqueos registrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponden a movilizaciones en la vía pública, mientras que las carpetas de la FGR se refieren a investigaciones por posibles delitos federales. No todos los cierres viales constituyen necesariamente un delito ni cada investigación representa una sentencia condenatoria.

 

La distinción es relevante porque el derecho a la libre manifestación está protegido constitucionalmente, pero su ejercicio debe coexistir con los derechos de terceros y con la continuidad de servicios esenciales. La autoridad tiene que determinar en cada caso si una conducta encuadra en algún tipo penal y acreditar los elementos correspondientes.

 

El desafío para las instituciones no consiste solamente en contabilizar expedientes o liberar vialidades. También implica investigar con eficacia las conductas que dañan infraestructura estratégica, evitar que las interrupciones se prolonguen y establecer mecanismos que permitan atender demandas sociales sin afectar de manera desproporcionada la movilidad, el trabajo y el acceso a servicios.

 

Las 104 investigaciones federales ofrecen una medida de la actividad ministerial sobre estos delitos, pero no permiten conocer por sí solas cuántos casos terminaron en consignaciones, procesos judiciales o sentencias. Esa información será indispensable para evaluar si el incremento de carpetas se tradujo en resultados efectivos.

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