FGR destapa megacontrabando de 144 millones de litros de combustible
Por EDITOR Julio 7, 2026 28
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el que perfila como el mayor caso de contrabando de combustibles detectado entre Estados Unidos y México. Las indagatorias señalan que, en apenas 52 días, una red criminal logró introducir 144 millones de litros de hidrocarburos a través de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, utilizando documentación presuntamente falsa y una compleja estructura logística.
De acuerdo con la investigación ministerial, la operación se desarrolló entre junio y julio de 2025 mediante 291 pedimentos de importación presuntamente irregulares, que permitieron el ingreso de diésel, gasolina y nafta ligera declarados como otros productos para evadir controles fiscales y aduaneros.
La FGR sostiene que el volumen movilizado equivale al transporte diario de aproximadamente 2.7 millones de litros, cantidad suficiente para abastecer miles de vehículos cada jornada. Las autoridades consideran que la magnitud del esquema evidencia un alto nivel de organización y posibles actos de corrupción dentro de la cadena logística y aduanera.
Las investigaciones apuntan a que el combustible ingresaba por la Aduana de Matamoros y posteriormente era distribuido mediante ferrotanques hacia entidades como Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, donde presuntamente era comercializado dentro del mercado nacional.
Como parte del caso, las autoridades han ejecutado cateos, aseguramientos y órdenes de aprehensión contra empresarios, operadores logísticos y exfuncionarios presuntamente relacionados con la operación. Hasta ahora, varias personas han sido detenidas y continúan las investigaciones para ubicar a otros implicados.
En paralelo, la FGR también impulsa un procedimiento de extinción de dominio para quedarse de forma definitiva con el buque tanque Blue Commander, asegurado desde 2020 por un caso distinto relacionado con presunto tráfico ilícito de combustibles. La embarcación, valuada en millones de dólares, permanece bajo resguardo de las autoridades mientras se resuelve el proceso judicial.
El caso representa uno de los mayores desafíos para las autoridades mexicanas en materia de combate al huachicol fiscal, un fenómeno que genera pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas y pone nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia en las aduanas y el sistema de importación de hidrocarburos.
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