Exjefe de la DEA exige a México entregar a Rocha Moya a EU

Por EDITOR Agosto 23, 2026 51

La presión sobre Rubén Rocha Moya escaló nuevamente desde Estados Unidos. Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), exigió que el gobernador de Sinaloa con licencia sea llevado ante la justicia estadounidense y cuestionó que continúe fuera del alcance de las autoridades de ese país.

A través de un mensaje público, Maltz acusó a políticos mexicanos de brindar servicios a organizaciones criminales y pidió una nueva operación para detener y trasladar a Rocha Moya a territorio estadounidense. La declaración, sin embargo, corresponde a un señalamiento de un exfuncionario estadounidense y no constituye por sí misma una acusación judicial ni una orden de captura.

El pronunciamiento adquiere mayor peso por el contexto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó en abril a México la entrega de nueve personas, entre ellas Rocha Moya, a quienes vinculó con una presunta estructura de narcogobierno en Sinaloa. La existencia y alcance de cualquier procedimiento de extradición deben distinguirse de las declaraciones políticas o públicas de funcionarios y exfuncionarios.

Maltz también dirigió sus críticas contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al plantear la necesidad de una nueva operación de alto nivel para realizar arrestos y trasladar a personas a Estados Unidos. El señalamiento coloca nuevamente la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo atención, particularmente en torno a investigaciones relacionadas con Sinaloa.

El episodio ocurre después de que Rocha Moya retomara brevemente sus funciones como gobernador de Sinaloa y posteriormente solicitara nuevamente licencia por más de 30 días y con carácter indefinido. Ese movimiento abrió un nuevo capítulo político para el estado y volvió a colocar al mandatario en el centro de la discusión nacional sobre seguridad y presuntos vínculos con organizaciones criminales.

La situación también tiene una dimensión institucional. Cualquier eventual entrega de un ciudadano mexicano a Estados Unidos tendría que seguir los procedimientos jurídicos y diplomáticos correspondientes; una declaración pública de un exfuncionario no sustituye una solicitud formal ni determina por sí misma la responsabilidad penal de una persona.

Por ahora, el punto central es que el caso de Rocha Moya mantiene una dimensión bilateral: mientras en México enfrenta un escenario político marcado por su licencia y las investigaciones referidas públicamente, desde Estados Unidos continúan los señalamientos y llamados para que algunas de las personas investigadas sean llevadas ante la justicia estadounidense.

La diferencia entre acusación, investigación, solicitud de entrega y condena resulta fundamental. Hasta que una autoridad judicial determine responsabilidades, los señalamientos contra Rocha Moya deben presentarse como acusaciones y no como hechos probados.