EU destapa red que filtraba operativos y protegía al narco en México

Por EDITOR Noviembre 11, 2026 21

La fiscalía federal acusa a colaboradores de Ryan Wedding de obtener información confidencial de autoridades mexicanas y estadounidenses, utilizar claves cambiantes para cruzar retenes y pagar a funcionarios para frenar investigaciones. El expediente describe cuotas de 500 mil dólares de ingreso y alrededor de 100 mil dólares mensuales por acceso a una red de protección.

La protección de una de las redes de narcotráfico más grandes de Norteamérica habría operado mediante información reservada, claves para evadir retenes y sobornos a funcionarios en México. Una acusación federal revelada en California expone cómo presuntos colaboradores del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding habrían construido una estructura para anticiparse a operativos y mantener en movimiento los cargamentos de droga.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el 10 de noviembre nuevas imputaciones contra Roberto Gómez, alias Rob Flores, y Edgar Aarón Vázquez Alvarado, conocido como El General o Mini. Ambos aparecen en investigaciones relacionadas con la organización de Wedding, acusado de dirigir una operación transnacional de tráfico de drogas valuada por las autoridades estadounidenses en mil millones de dólares.

 

Según la fiscalía, Gómez habría cultivado relaciones con personas que tenían acceso a información confidencial de dependencias mexicanas y estadounidenses. Los datos incluían detenciones, decomisos de drogas, ejecución de órdenes de captura y presentación de cargos penales. Esa información habría llegado a los integrantes de la organización, incluido Wedding, para ayudarlo a evitar la acción de las autoridades entre octubre de 2024 y enero de 2026.

 

La segunda vertiente de la red aparece en la acusación contra Vázquez, fundador y presunto jefe del Cártel Nuevo Imperio, organización con operaciones principalmente en Ciudad de México. De acuerdo con el expediente, proporcionaba claves que cambiaban casi a diario para que los transportistas de cocaína las comunicaran a policías y militares en los puntos de revisión y pudieran atravesarlos sin ser detenidos.

 

El documento también acusa a El General de pagar a funcionarios públicos mexicanos para retrasar investigaciones, eliminar o manipular pruebas incriminatorias y conseguir que se desestimaran cargos contra integrantes de la red. La investigación periodística de CBC, basada en el expediente, reportó que Wedding habría pagado 500 mil dólares como cuota de ingreso a un grupo de protección y un promedio de 100 mil dólares mensuales.

 

Gómez, quien permanece prófugo en México según las autoridades estadounidenses, también habría participado como proveedor intermediario de cocaína, metanfetamina y fentanilo. La fiscalía lo acusa de intentar negociar la venta de aproximadamente 453.6 kilogramos de metanfetamina a Wedding por unos 550 mil dólares en criptomonedas. El expediente lo vincula con contactos del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Vázquez fue abatido la semana pasada durante un operativo de fuerzas mexicanas, según informó el Gobierno federal. Su acusación se hizo pública después de su muerte. La fiscalía estadounidense sostiene que colaboró con Wedding desde octubre de 2024 hasta enero de 2026 para evitar que fuera localizado por las autoridades. La imputación no sustituye una sentencia ni permite dar por probados los señalamientos.

 

El caso se suma a la detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado por Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares para ordenar la liberación bajo fianza de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización de Wedding. El expediente judicial estadounidense sostiene que el pago se completó el mismo día en que el juez ordenó la liberación, el 24 de febrero de 2025.

 

La dimensión del caso va más allá del tráfico de drogas: apunta a una posible infiltración de instituciones encargadas de combatirlo. La pregunta para México es cómo se obtuvo información de operaciones, quién permitió el paso de cargamentos por retenes y qué funcionarios pudieron intervenir para frenar investigaciones o alterar pruebas. La respuesta dependerá de las pruebas que aporten las autoridades y de las investigaciones que se desarrollen en territorio mexicano.