Proveedor cercano a Taddei habría impulsado a Claudia Espino en el INE

Por EDITOR Noviembre 11, 2026 28

Excélsior reporta que José Alfredo Hernández Casillas facilitó la llegada de Claudia Espino a la Secretaría Ejecutiva del instituto. Antes, cuando ella encabezaba el órgano electoral de Chihuahua, una empresa vinculada al empresario recibió un contrato por más de 30 millones de pesos. Los señalamientos se suman a investigaciones sobre contrataciones y relaciones con proveedores electorales.

La relación entre proveedores electorales y funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) vuelve a quedar bajo escrutinio. Una investigación publicada este miércoles señala que el empresario José Alfredo Hernández Casillas habría intervenido para facilitar la llegada de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del organismo, el segundo cargo de mayor relevancia administrativa.

 

De acuerdo con el reportaje de Aurora Zepeda en Excélsior, Espino conoció a Hernández Casillas durante su gestión al frente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En 2021, ese organismo otorgó un contrato por más de 30 millones de pesos a una empresa vinculada con el empresario para adquirir material electoral. La publicación sostiene que posteriormente él la recomendó para ocupar la Secretaría Ejecutiva del INE.

 

Espino fue ratificada en noviembre de 2024, pese a la oposición de la consejera electoral Carla Humphrey. Su llegada se produjo después de varios relevos en esa posición. La información publicada plantea interrogantes sobre el papel que habría desempeñado un proveedor del instituto en la promoción de perfiles para ocupar puestos directivos, aunque la presunta intervención debe distinguirse de una responsabilidad administrativa o penal acreditada.

 

El reportaje también describe la relación de Hernández Casillas con otros funcionarios que ocuparon áreas estratégicas del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei. Entre los nombres mencionados están Jesús Octavio García González, exdirector de Administración; José Alberto Pérez de Acha, exdirector de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y otros funcionarios que habrían llegado al organismo por recomendaciones del empresario o de personas de su entorno.

 

La dimensión del caso se amplía con las investigaciones sobre los contratos otorgados a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. El 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso que compañías vinculadas con ellos recibieron más de dos mil millones de pesos en contratos de 23 de los 32 organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2023. También señaló que las autoridades revisan posibles mecanismos de simulación de competencia y dispersión de recursos.

 

A esos antecedentes se suman los reportes sobre la relación personal del empresario con Taddei, la entrega de una camioneta blindada y la difusión de grabaciones en las que se habla de contratos y montos relacionados con servicios electorales. La propia investigación periodística ha colocado bajo revisión las relaciones entre proveedores, familiares y funcionarios, así como las decisiones de contratación dentro del organismo.

 

El punto institucional es especialmente delicado: el INE debe garantizar que sus contrataciones se realicen con transparencia, competencia y ausencia de conflictos de interés. Si un proveedor tuvo capacidad para recomendar funcionarios que después participaron en decisiones administrativas o de contratación, la autoridad debe esclarecer los hechos, identificar posibles incompatibilidades y determinar si existieron beneficios indebidos.

 

Por ahora, los señalamientos periodísticos y las investigaciones en curso no equivalen a una resolución que acredite responsabilidad de Espino, Taddei o los demás funcionarios mencionados. La documentación de los contratos, los procedimientos de designación, las declaraciones de los involucrados y los resultados de las revisiones de los órganos fiscalizadores serán determinantes para establecer el alcance de las posibles irregularidades.