Amílcar Olán busca blindarse ante una posible detención

Por EDITOR Septiembre 4, 2026 550

El empresario promovió un amparo después de que, según su propia demanda, agentes de la FGR y militares rondaran su domicilio; el juez consultó a 10 autoridades y todas negaron tener una orden de aprehensión vigente.

Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, acudió a la justicia federal en marzo pasado para conocer si existía una orden de aprehensión en su contra, después de que, según relató en su demanda, agentes identificados como integrantes de la FGR y personal con uniformes militares rondaran su domicilio en la Ciudad de México.

El empresario presentó el amparo el 23 de marzo de 2026. En el documento señaló que el 3 de marzo varios hombres uniformados acudieron a las inmediaciones de la privada donde vive, tomaron fotografías y preguntaron por él. Olán interpretó el operativo como una posible acción encaminada a localizarlo y detenerlo. La información fue publicada por Reforma y retomada por otros medios. 

El recurso fue tramitado como un llamado “amparo buscador”: un mecanismo mediante el cual una persona solicita al juez verificar ante distintas autoridades si existe una orden de aprehensión en su contra. El juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico, consultó a 10 instancias, entre ellas fiscalías especializadas y autoridades penitenciarias. Todas negaron tener una orden en los términos consultados. 

Con esa respuesta, el juzgado sobreseyó el juicio el 28 de mayo. La resolución, sin embargo, no equivale a una declaración general de que Olán estuviera fuera del alcance de cualquier investigación: las consultas se realizaron ante las autoridades e instancias señaladas en el procedimiento y en ese momento no reportaron una orden de captura. 

El dato adquiere relevancia por el contexto en el que reaparece el empresario. En las últimas semanas, autoridades fiscales solicitaron a la FGR investigar a Portacelis Gas and Oil por un presunto perjuicio fiscal superior a 834 millones de pesos derivado de operaciones de importación de combustible. La empresa tuvo entre sus administradores iniciales a una persona identificada como contador de confianza de Olán. 

Olán también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de medicamentos y con negocios vinculados al sector energético. En otro caso documentado por El Universal, un inmueble de su propiedad fue arrendado al Poder Judicial de la Federación mediante un contrato que representó más de 40 millones de pesos durante su vigencia inicial. 

La propia demanda de amparo resulta relevante por las instituciones a las que el juez pidió información. Entre ellas estuvieron fiscalías especializadas en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales, corrupción y delitos cometidos por servidores públicos. Esto no significa que Olán haya sido acusado formalmente de todos esos delitos; son las materias que aparecen en el procedimiento para determinar si existían actos de autoridad que afectaran sus derechos. 

El expediente, por sí mismo, tampoco acredita que hubiera una orden de aprehensión ni que los agentes que acudieron al domicilio tuvieran la intención de detenerlo. Lo que sí documenta es que Olán recurrió a un juez para despejar esa posibilidad y que, al ser consultadas las autoridades correspondientes, éstas negaron la existencia de los actos reclamados. En paralelo, nuevas investigaciones fiscales y empresariales mantienen su nombre dentro del escrutinio público.