Vínculos entre proveedores del INE y el chofer de Taddei

Por EDITOR Octubre 19, 2026 43

Jonathan Navarrete Torres aparece relacionado con Corporativo Zeg, proveedor de material electoral, antes de ser contratado como chofer de la consejera presidenta del INE. El caso plantea preguntas sobre los controles de contratación y la prevención de posibles conflictos de interés.

La relación entre un proveedor de material electoral y el entorno de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quedó bajo escrutinio tras una investigación publicada por el periódico Reforma, que documentó vínculos empresariales y laborales de Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de la funcionaria.

El reportaje señala que Navarrete Torres aparece en registros como representante de Corporativo Zeg y que obtuvo en junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de esa empresa, meses después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo electoral.

De acuerdo con la investigación, Corporativo Zeg quedó inscrito en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023. Navarrete Torres habría sido contratado como chofer de la presidenta del Consejo General a partir del 15 de abril de 2025, con una remuneración mensual reportada de 45 mil 765 pesos.

La publicación también reconstruye la relación entre Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Ambas compañías han participado en procedimientos de contratación de material electoral y han enfrentado cuestionamientos relacionados con sus operaciones y relaciones comerciales.

Uno de los antecedentes citados es una licitación para suministrar urnas, mamparas y marcadores destinados a la elección judicial de 2025, cuyo monto podía alcanzar aproximadamente 197 millones de pesos. Corporativo Zeg participó en el procedimiento, pero el contrato terminó en manos de Cajas Graf, empresa con la que se han documentado vínculos corporativos y de representación legal.

La investigación también refiere antecedentes de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que solicitó el bloqueo de cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf en 2023 por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, menciona actuaciones de autoridades fiscalizadoras y de competencia económica relacionadas con las operaciones de las empresas. Estos antecedentes no constituyen, por sí mismos, una resolución judicial que determine responsabilidad penal de todas las personas relacionadas con ellas.

Los señalamientos abren preguntas sobre posibles conflictos de interés en las contrataciones y los nombramientos dentro del INE. Para determinar si existió alguna irregularidad, es necesario distinguir entre los vínculos empresariales documentados, los procedimientos administrativos y las responsabilidades individuales que, en su caso, establezcan las autoridades competentes.

El caso coloca bajo escrutinio los mecanismos de transparencia y control de proveedores del organismo electoral. La información sobre las funciones que Navarrete desempeñó en las empresas, las condiciones de su contratación y los procedimientos relacionados con los contratos públicos será relevante para esclarecer el alcance de los vínculos descritos en la investigación periodística.