Unión Americana intensifica ofensiva judicial contra Cárteles Unidos

Por EDITOR Julio 3, 2026 26

El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su ofensiva contra la organización criminal conocida como Cárteles Unidos al presentar nuevos cargos penales contra presuntos integrantes vinculados con la estructura de mando del grupo, al que las autoridades estadounidenses atribuyen actividades de narcotráfico y apoyo a organizaciones designadas como terroristas.

La acusación fue presentada ante una Corte Federal del Distrito de Columbia e involucra a dos familiares de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización con presencia en Michoacán. Los fiscales sostienen que ambos habrían participado en operaciones relacionadas con la producción y tráfico de metanfetaminas entre 2021 y 2025.

De acuerdo con la acusación, los señalados también enfrentan cargos por uso de armas de fuego y por presuntamente proporcionar apoyo material a una organización considerada terrorista extranjera, luego de que Washington incorporara a Cárteles Unidos en esa clasificación durante 2025.

Las investigaciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para ampliar las acciones judiciales contra organizaciones criminales transnacionales que operan en la frontera y mantienen redes de distribución de drogas hacia Estados Unidos. Las autoridades sostienen que la organización también tendría presencia en mercados internacionales.

En paralelo, la presión judicial también alcanzó a integrantes de Guerreros Unidos. Un juez federal mexicano dictó una sentencia de 54 años y 10 meses de prisión contra Rolando Mauricio Salgado Olea, conocido como “El Gama”, por delitos relacionados con delincuencia organizada, secuestro y otros ilícitos derivados de investigaciones federales.

Especialistas consideran que ambos casos reflejan una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de México y Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales con operaciones transnacionales, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas.

La ofensiva judicial ocurre en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado, donde el intercambio de inteligencia y los procesos de extradición continúan ocupando un papel central en la agenda entre ambos países.