Trump entrega a empresario venezolano la llave de un nuevo imperio petrolero
Por EDITOR Noviembre 10, 2026 13
Alejandro Betancourt encabeza NABEP, empresa que recibió derechos para operar 17 campos petroleros. Estados Unidos tendrá 35% de participación en su matriz y acceso preferencial a parte de la producción; la opacidad del contrato y los antecedentes del empresario abren cuestionamientos.
La industria petrolera venezolana tiene un nuevo protagonista y no es una de las grandes compañías internacionales del sector. Se trata de Alejandro Betancourt, empresario venezolano que encabeza North American Blue Energy Partners (NABEP), una firma privada que se convirtió en pieza central del acuerdo petrolero impulsado por el gobierno de Donald Trump para controlar y reactivar parte de los recursos energéticos de Venezuela.
Una investigación de The Washington Post, publicada el 8 de noviembre, documentó cómo opera esta alianza y las condiciones extraordinarias que establece. El acuerdo contempla que el gobierno estadounidense tenga una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP y acceso garantizado a 20% de la producción de los campos que explota, a precio de costo. Además, Washington tendrá derecho de primera opción para comprar el resto del petróleo a precios de mercado.
La operación se anunció el 31 de agosto y coloca a NABEP al frente del desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos, con reservas probadas que la Casa Blanca calcula en aproximadamente 65 mil millones de barriles. El gobierno estadounidense asegura que la compañía podría invertir hasta 100 mil millones de dólares para elevar la producción y que Venezuela recibiría regalías e impuestos por alrededor de 200 mil millones de dólares durante los primeros 25 años. Son proyecciones oficiales, no ingresos ya obtenidos ni inversiones completamente ejecutadas.
El contrato también otorga a Estados Unidos facultades de gobierno corporativo: poder de veto sobre nombramientos de la junta directiva y el requisito de que la mayoría de sus integrantes sean ciudadanos estadounidenses. La empresa mantiene el control operativo, pero Washington obtiene una influencia decisiva sobre su estructura y sobre el destino comercial de su producción.
La duración del acuerdo es uno de los puntos que requieren precisión. La Casa Blanca anunció concesiones de 100 años para los 17 campos, mientras que la revisión del contrato de asociación publicada por The Washington Post describe un compromiso de 50 años. Una investigación de ProPublica también advierte que los derechos de compra estadounidenses tienen un plazo distinto de los derechos de explotación petrolera. Son instrumentos diferentes y no deben confundirse.
Betancourt sostiene que su empresa ya elevó la producción de aproximadamente 18 mil barriles diarios a unos 223 mil. NABEP también afirma que ha invertido alrededor de mil millones de dólares y que busca alcanzar un millón de barriles diarios. Sin embargo, especialistas consultados por The Washington Post advierten que desarrollar nuevos campos, especialmente en la Faja del Orinoco, exige infraestructura y capital de gran escala. Una estimación citada por el diario sitúa entre 15 mil y 20 mil millones de dólares el costo de desarrollar determinados proyectos en esa zona.
El perfil del empresario agrega otra dimensión al acuerdo. Betancourt ha estado relacionado con investigaciones sobre presunto lavado de dinero en Suiza y España, además de pesquisas anteriores en Estados Unidos vinculadas con operaciones financieras relacionadas con Petróleos de Venezuela. El propio Washington Post reportó que autoridades estadounidenses intervinieron ante sus homólogos suizos en el contexto de una investigación. Betancourt niega haber cometido irregularidades y, de acuerdo con ese diario, no ha sido acusado penalmente en esos países.
La controversia también es política. La opositora venezolana María Corina Machado cuestionó la falta de transparencia del acuerdo y advirtió que podría revisar sus condiciones si llega al poder. En Estados Unidos, legisladores demócratas han planteado dudas sobre la legalidad, la selección del socio privado y la concentración de facultades en una compañía con participación gubernamental. ProPublica, tras revisar el documento, señaló que la estructura corporativa podría proteger a sus principales participantes frente a futuros intentos de modificar o revertir el negocio.
El proyecto representa una apuesta de alto impacto para la política energética de Trump y para el futuro de la industria venezolana. Pero su éxito no dependerá solamente de cuánto petróleo pueda extraerse: también estará sujeto a la viabilidad financiera, la seguridad jurídica, la transparencia de los contratos y la capacidad de demostrar que los beneficios anunciados llegarán efectivamente a la economía venezolana.
