Tribunal revoca amparo a Cabeza de Vaca y mantiene congeladas sus cuentas bancarias

Por EDITOR Julio 31, 2026 36

Un tribunal federal dio un nuevo revés jurídico al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al revocar el amparo que ordenaba liberar sus cuentas bancarias y restablecer el aseguramiento de los recursos financieros mientras continúan las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, al resolver el amparo en revisión 26/2024, promovido por la FGR para impugnar la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito que había concedido la protección constitucional al exmandatario.

En primera instancia, el juez federal consideró que el aseguramiento de las cuentas sólo podía mantenerse durante 180 días, al estimar que ese plazo era suficiente para el desarrollo de las diligencias ministeriales. Con base en ese criterio, ordenó levantar el bloqueo financiero.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Colegiado concluyeron que los agravios presentados por la Fiscalía eran fundados y determinaron revocar la sentencia favorable a García Cabeza de Vaca. Como consecuencia, el aseguramiento de las cuentas permanecerá vigente mientras continúan las investigaciones federales.

El origen del litigio se remonta a 2022, cuando la Fiscalía General de la República ordenó el congelamiento de diversos recursos financieros vinculados al exgobernador dentro de una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La decisión fortalece la estrategia jurídica de la FGR en uno de los casos de mayor relevancia política y judicial de los últimos años. Además, se suma a otras resoluciones emitidas recientemente por tribunales federales relacionadas con los procesos penales que enfrenta el exmandatario tamaulipeco.

Aunque el aseguramiento de las cuentas continúa vigente, el proceso judicial aún no concluye. García Cabeza de Vaca conserva los medios de defensa previstos por la legislación mexicana y corresponderá a las autoridades jurisdiccionales resolver de manera definitiva los procedimientos que permanecen abiertos en su contra.