Testigo vincula a Aguirre con órdenes para desaparecer evidencias de Ayotzinapa

Por EDITOR Agosto 11, 2026 33

Una testigo declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, manifestó preocupación al conocer que su sobrino Ernesto tenía vínculos con Guerreros Unidos, organización que mantenía una disputa territorial con grupos como Los Rojos y La Familia Michoacana.

De acuerdo con la declaración presentada ante la Fiscalía, la inquietud del exmandatario habría surgido por el temor de que su familiar tuviera conocimiento de información relacionada con los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La testigo sostuvo además que las indicaciones atribuidas a Aguirre Rivero y a su sobrino eran acatadas dentro de la estructura estatal. Según su versión, los subordinados cumplían esas instrucciones y el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, también habría seguido directrices provenientes del entorno del exgobernador.

Con base en este testimonio, representantes de la FGR expusieron ante el juez que Aguirre habría emitido instrucciones después de la agresión contra los estudiantes. La acusación sostiene que tanto Iñaki Blanco como Ernesto recibieron la orden de desaparecer evidencias relacionadas con lo ocurrido.

La declaración forma parte de los elementos con los que la Fiscalía busca reconstruir la cadena de mando posterior a los acontecimientos de Iguala y determinar quiénes pudieron intervenir en las acciones destinadas presuntamente a ocultar información.

Según la versión de la testigo, la posible intervención habría alcanzado a funcionarios de alto nivel y estaría relacionada con el interés de evitar que salieran a la luz evidencias sobre los hechos y los presuntos vínculos de integrantes de la estructura estatal con organizaciones criminales.

El testimonio adquiere relevancia dentro del proceso contra Aguirre Rivero porque apunta no solamente a una eventual responsabilidad individual, sino a una posible estructura de decisiones posteriores a la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, se trata de señalamientos contenidos en una declaración ministerial que deberán ser valorados por la autoridad judicial junto con el resto de los elementos presentados por la FGR. La declaración de una testigo, por sí misma, no equivale a una sentencia ni acredita de manera definitiva los hechos atribuidos.

El caso Ayotzinapa continúa así centrado en una de sus principales interrogantes: qué ocurrió con las evidencias generadas durante y después de la noche de Iguala y quiénes participaron en las decisiones que pudieron afectar su preservación.