Reformas en seis universidades ponen bajo presión la autonomía académica
Por EDITOR Noviembre 20, 2026 33
Entre 2023 y 2026, instituciones de cinco estados modificaron las reglas para elegir a sus rectores. La intervención política es señalada especialmente en los casos de Sinaloa y Michoacán, mientras la ANUIES y el rector de la UNAM advierten sobre riesgos para el autogobierno universitario.
La autonomía de las universidades públicas enfrenta una nueva presión: entre 2023 y 2026, seis instituciones de cinco estados reformaron sus leyes para modificar los mecanismos de elección de sus rectores. Los cambios van desde elecciones directas hasta consultas con estudiantes, profesores y trabajadores, pero dos procesos —en Sinaloa y Michoacán— estuvieron acompañados de conflictos por presunta intervención de los gobiernos y legisladores locales.
Las reformas se aprobaron en la Universidad de Sonora y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en 2023; en las universidades autónomas de Sinaloa y de Occidente, en 2024; en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 2025, y en la Universidad Autónoma del Estado de México, en 2026. No todas siguieron la misma ruta ni tuvieron el mismo origen político.
El caso de Sinaloa concentra uno de los principales cuestionamientos. La reforma fue impulsada por legisladores de Morena durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, pese a la oposición de autoridades universitarias. El conflicto abrió una discusión sobre los límites del Congreso estatal para modificar las reglas internas de una institución que tiene la facultad constitucional de gobernarse a sí misma.
En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla promovió la reforma de 2025 a la legislación de la Universidad Michoacana. La modificación más reciente, aprobada el 3 de noviembre, mantiene a la Comisión de Rectoría como órgano responsable de designar a quien dirigirá la institución durante el periodo 2027-2031, en lugar de permitir que la comunidad universitaria participe directamente en esa elección.
La rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, ha cuestionado los cambios porque, sostiene, restringen la participación de la comunidad y abren espacio a la intervención de los poderes políticos. También recordó que la institución obtuvo su autonomía en 1917 y que el voto universal para elegir rector se incorporó en 1966, después de movilizaciones estudiantiles y de la comunidad nicolaita.
El debate no se limita a las universidades estatales. En la UNAM, el investigador Imanol Ordorika reabrió la discusión sobre la designación de autoridades y planteó la necesidad de democratizar los mecanismos de elección. Su propuesta cuestiona el modelo de la Junta de Gobierno, creado en 1945, que tiene entre sus atribuciones nombrar a la persona titular de la Rectoría y a directores de facultades, escuelas e institutos.
La discusión enfrenta dos preocupaciones: ampliar la participación de estudiantes, académicos y trabajadores, y evitar que los cambios terminen subordinando las decisiones universitarias a intereses de los gobiernos o de los congresos. La ANUIES ha advertido sobre intentos de injerencia política, mientras el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ha señalado la importancia de proteger la autonomía frente a presiones externas.
La autonomía universitaria no significa ausencia de rendición de cuentas ni impide que las instituciones revisen sus mecanismos internos. El artículo tercero constitucional reconoce, sin embargo, su facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines académicos, determinar sus planes y programas y administrar su patrimonio. La discusión de fondo es si las reformas fortalecen la vida democrática de las universidades o trasladan decisiones fundamentales a actores externos.
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