Reforma a la Ley de Amparo: el plan oculto para fortalecer al SAT y debilitar la defensa ciudadana
Por EDITOR Octubre 6, 2025 340
La reforma a la Ley de Amparo avanza en la Cámara de Diputados con mayoría garantizada. Aunque el debate público se ha centrado en la supuesta retroactividad, especialistas advierten que ese punto funciona como distractor, mientras el verdadero cambio —la reducción del amparo como instrumento de defensa ante el Estado— avanza sin oposición efectiva.
El gobierno insiste en que no habrá una reforma fiscal, pero su estrategia apunta a recaudar más debilitando las defensas legales de los ciudadanos. Con jueces electos afines y un amparo limitado, el SAT obtendría mayor margen para inflar créditos fiscales, imponer multas excesivas y retener devoluciones. No aumentan los impuestos, pero cambian las reglas del juego: se trata de una reforma fiscal encubierta.
Un ejemplo de esta tendencia es la obligación reciente de reportar préstamos personales o familiares. Si no se declaran, el SAT puede imponer multas de hasta 35 mil pesos, incluso si no hay ganancias gravables. Lo que antes era un acto de apoyo entre personas ahora se considera un movimiento financiero sujeto a vigilancia. Con un amparo debilitado, las posibilidades de impugnar estas sanciones se reducen.
El trasfondo económico es claro: México recauda apenas el 17% del PIB frente al promedio del 34% de la OCDE. En lugar de ampliar la base formal o atraer inversión, el gobierno opta por exprimir más a quienes ya cumplen. Esto afectará a todas las áreas de la vida jurídica: juicios familiares más lentos, litigios civiles y mercantiles más caros, y conflictos laborales con menos opciones de defensa.
A nivel internacional, México parece adoptar lo peor de varios modelos: la presión fiscal de Argentina, la debilidad judicial de Bolivia y la falta de contrapesos de Estados Unidos. Con un Poder Judicial alineado al oficialismo y operadores políticos como Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Arturo Zaldívar al frente, la reforma no busca modernizar la justicia, sino fortalecer al Estado recaudador.
El oficialismo confía en que la indignación pública se diluya con el tiempo. Hasta entonces, ciudadanos y empresas deberán adaptarse a un escenario con un SAT fortalecido, un amparo debilitado y una justicia cada vez más subordinada al poder político.
