Piden fortalecer a las Pymes para reducir la informalidad laboral

Por EDITOR Noviembre 18, 2026 10

La propuesta plantea seis líneas de acción: empresas tractoras, cadenas regionales de proveeduría, crédito y capacitación para micronegocios, simplificación de trámites, infraestructura productiva y protección social. En septiembre, 23.8 millones de personas ocupadas laboraban en micronegocios no agropecuarios.

Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), elevar su productividad y generar condiciones para que incorporarse a la formalidad sea económicamente viable son algunos de los pasos que México necesita para reducir la informalidad laboral, de acuerdo con el economista Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.

 

El especialista plantea que la estrategia debe partir de una política industrial vinculada con el desarrollo regional, en lugar de limitarse a medidas de fiscalización. La formalización, sostiene, debe ser resultado de una transformación productiva que permita a los negocios crecer, acceder a mercados y generar empleos con mejores condiciones.

 

La dimensión del desafío aparece en las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. En septiembre de 2026, México registró 59 millones 977 mil 49 personas ocupadas. De ellas, 49 millones 697 mil 82 trabajaban en actividades no agropecuarias y, dentro de ese universo, 23 millones 808 mil 403 estaban ocupadas en micronegocios.

 

El dato representa cerca de 48 por ciento de la población ocupada en el ámbito no agropecuario. Otros 9 millones 334 mil 467 trabajadores se desempeñaban en pequeños establecimientos; 5 millones 857 mil 204, en medianos, y 5 millones 553 mil 631, en grandes unidades económicas. La distribución evidencia el peso de los negocios de menor tamaño en el mercado laboral.

 

Ruiz Durán propone seis líneas de acción. La primera consiste en crear empresas tractoras en el sur del país, con impulso a sectores como agroindustria, industria alimentaria, transformación de productos agrícolas, actividades forestales y pesqueras, textiles, materiales de construcción y manufacturas vinculadas con los recursos regionales.

 

La segunda plantea desarrollar proveedores locales mediante inversión pública y privada, cadenas productivas regionales, metas de contenido local, capacitación y transferencia tecnológica. La tercera busca elevar la productividad de los micronegocios mediante acceso al crédito, asistencia técnica, digitalización, capacitación gerencial y vinculación con nuevos mercados.

 

Una cuarta línea consiste en simplificar los mecanismos de formalización, con incorporación gradual, trámites sencillos y costos iniciales accesibles para las pequeñas empresas, sin eliminar los derechos laborales de los trabajadores. La quinta propone ampliar la infraestructura productiva: carreteras, conectividad digital, energía, agua, parques industriales, centros logísticos y plataformas de comercialización.

 

La sexta plantea fortalecer la protección social, con mejores condiciones de acceso a salud, seguridad social, cuidados infantiles y mecanismos de protección para trabajadores agrícolas, temporales y por cuenta propia. El planteamiento busca que la formalidad represente una mejora tangible para trabajadores y empleadores, no únicamente una obligación administrativa.

 

El problema tiene expresiones regionales distintas. En el artículo, el especialista señala que en Oaxaca la informalidad alcanza alrededor de 80 por ciento de la población ocupada, según los datos que cita. También advierte que no sería razonable exigir a los pequeños negocios de esa entidad las mismas condiciones que a empresas industriales consolidadas de Nuevo León, sin antes generar capacidades productivas y condiciones de desarrollo.

 

El contexto nacional confirma la magnitud del reto: en septiembre de 2026, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3 por ciento de la población ocupada, de acuerdo con la ENOE. Esto significa que más de la mitad de las personas con trabajo se encontraba en condiciones de informalidad, ya sea por las características de la unidad económica o por la falta de reconocimiento y protección de su vínculo laboral.

 

La propuesta coloca el debate en una dimensión económica más amplia: reducir la informalidad exige aumentar la productividad de los negocios pequeños, fortalecer las economías regionales y ampliar la protección de quienes trabajan. El desafío será convertir estas líneas de acción en instrumentos concretos de financiamiento, infraestructura y simplificación que permitan a las Pymes crecer sin trasladarles costos que no puedan absorber.

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