Pensiones doradas en la mira: exdirectivos de Pemex y paraestatales bajo presión

Por EDITOR Febrero 20, 2026 216

La reforma anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las llamadas pensiones doradas ya tiene destinatarios claros: exdirectivos y altos mandos de empresas productivas del Estado que perciben más de 120 mil pesos mensuales, e incluso montos cercanos al millón.

 

El diagnóstico oficial, presentado por la Secretaría de Anticorrupción, reveló que en Petróleos Mexicanos existen 544 jubilados con pensiones superiores al salario presidencial. Entre los nombres que han aparecido en listados públicos destacan:

Marcos Ramírez Silva

Roberto Ramírez Soberón

Miguel Tame Domínguez

José Antonio Escalera Alcocer

Juan Javier Hinojosa Puebla

 

En varios casos, las percepciones anuales superan los 4.2 millones de pesos, es decir, más de 350 mil pesos mensuales.

 

El fenómeno no se limita a Pemex. En la extinta Luz y Fuerza del Centro se identifican alrededor de 9,457 pensionados con ingresos que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. En la Comisión Federal de Electricidad, al menos 2,199 jubilados perciben montos superiores al ingreso presidencial.

 

También en la banca de desarrollo —Nacional Financiera, Banobras y Bancomext— se han detectado decenas de casos que superan el tope salarial del Ejecutivo.

 

¿Qué propone la reforma?

 

La iniciativa busca modificar el artículo 127 constitucional para establecer que ninguna pensión de altos mandos supere el 50% del salario presidencial. La medida no sería retroactiva —lo ya devengado no se toca—, pero sí aplicaría hacia adelante.

 

El gobierno estima que el ajuste podría generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales, recursos que se destinarían a programas sociales.

 

El fondo político

 

La narrativa oficial habla de austeridad y equidad. El mensaje es claro: no puede haber jubilaciones públicas que multipliquen varias veces el ingreso promedio de la población.

 

El debate ahora será jurídico y político. Sindicatos y beneficiarios podrían impugnar, mientras el Congreso deberá definir si el tope se convierte en mandato constitucional.

 

Las “pensiones doradas” dejaron de ser un dato técnico. Se volvieron bandera política.