Máynez pone a Samuel García frente a la ASF: “Hay que dar la cara”

Por EDITOR Noviembre 9, 2026 31

El dirigente nacional de MC pidió al gobernador responder por las presuntas triangulaciones de recursos públicos detectadas por la Auditoría. Sin embargo, también acusó un manejo político de la información, mientras la ASF mantiene bajo investigación operaciones que involucran a empresas y un despacho jurídico relacionado con el mandatario y su familia.

La exigencia de rendición de cuentas llegó desde la propia dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Máynez pidió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, responder públicamente a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas triangulaciones de recursos públicos que involucran a proveedores, empresas y un despacho jurídico relacionado con el mandatario y su entorno familiar.

 

“Hay que dar la cara, responder a los cuestionamientos de las instituciones, en este caso de la Auditoría”, sostuvo el dirigente emecista durante una visita a Nuevo León, donde asistió al informe del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

 

Máynez afirmó que Movimiento Ciudadano no descalifica las observaciones del órgano fiscalizador y que sus gobernantes tienen la obligación de responder. No obstante, cuestionó la manera en que la ASF presentó el caso de Nuevo León junto con otros expedientes de alto impacto nacional, como los relacionados con Sinaloa y el Instituto Nacional Electoral. A su juicio, la exposición tuvo una intención política para “empatar el marcador”.

 

El señalamiento se produce después de que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, expuso el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados una investigación sobre posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones en la administración estatal. La revisión identificó transferencias de recursos públicos a proveedores y movimientos posteriores entre empresas, con posibles destinos en cuentas de personas físicas y morales vinculadas con servidores públicos.

 

Uno de los puntos centrales es la ruta del dinero hacia un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. De acuerdo con la reconstrucción publicada sobre la investigación, una operación involucró pagos estatales por 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que transfirió recursos a otra compañía; de esa cadena habrían llegado 385.3 millones al despacho. En otra operación, una comercializadora recibió 964 millones de pesos del gobierno y, a través de una empresa de alimentos, se habrían transferido 202.9 millones al mismo despacho.

 

Las cantidades requieren una distinción. La ASF presentó un esquema de movimientos por miles de millones de pesos, pero la cifra de 728.13 millones difundida en otra cobertura corresponde a operaciones identificadas en una gráfica de la Auditoría. El auditor explicó que todavía se realizaban cálculos para determinar el posible daño al erario y que no había una cifra definitiva. Por tanto, no es correcto presentar todo el flujo de recursos como dinero definitivamente desviado o como daño patrimonial ya acreditado.

 

La Auditoría informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el 16 de octubre. La existencia de esa denuncia significa que los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, pero no constituye por sí misma una sentencia ni acredita responsabilidad penal del gobernador o de las personas relacionadas con el despacho.

 

El gobernador, por su parte, había difundido previamente un video en el que sostuvo que autoridades locales y federales habían revisado denuncias anteriores y que no existía ilegalidad en los hechos que le atribuían. Sin embargo, cuando se le preguntó por los nuevos señalamientos de la ASF, reutilizó ese material, sin responder de manera específica a las operaciones expuestas en la revisión de la Cuenta Pública 2025.

 

La postura de Máynez deja una tensión dentro de MC: defender al gobierno de Nuevo León frente a lo que considera un manejo político de la información, pero exigir que el mandatario atienda los cuestionamientos de una institución fiscalizadora. El punto de fondo ya no es solamente la disputa entre partidos, sino que el gobierno estatal explique la contratación de proveedores, la ruta de las transferencias y la relación de los beneficiarios finales con funcionarios o familiares.