Marco Rubio llama “estúpida” a la Corte Penal Internacional y rechaza su jurisdicción sobre EU
Por EDITOR Julio 23, 2026 16
La confrontación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) volvió a escalar. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al tribunal con sede en La Haya como una organización “estúpida” y reiteró que Washington no reconoce su autoridad para investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses, incluidos funcionarios, militares o jefes de Estado.
Durante una declaración ante la prensa en Manila, Filipinas, Rubio sostuvo que Estados Unidos nunca firmó ni ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, por lo que rechazó que el organismo pretenda ejercer jurisdicción sobre personas que pertenecen a un país no miembro. “No somos miembros de la CPI. Nunca firmamos ese tratado, nunca nos adherimos a él”, afirmó.
El funcionario cuestionó que el tribunal internacional reclame facultades para perseguir judicialmente a líderes políticos y militares de Estados que no forman parte del acuerdo constitutivo. “Si otros quieren adherirse a esa organización, están en su derecho, pero Estados Unidos no permitirá que ejerza jurisdicción sobre los estadounidenses”, declaró.
Las declaraciones se producen en medio de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para aislar diplomáticamente a la Corte Penal Internacional. El Departamento de Estado anunció recientemente una campaña para presionar a gobiernos aliados con el objetivo de limitar el alcance del tribunal y reducir su influencia internacional.
Washington sostiene que la CPI representa una amenaza para la soberanía estadounidense al intentar investigar a ciudadanos de países que nunca aceptaron su jurisdicción. La postura también responde a las investigaciones abiertas por el tribunal sobre presuntos crímenes de guerra y a las órdenes de arresto emitidas contra altos funcionarios israelíes, una decisión que la Casa Blanca ha condenado reiteradamente.
La Corte Penal Internacional, creada mediante el Estatuto de Roma de 1998, tiene competencia para investigar delitos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Aunque más de un centenar de países forman parte del tratado, Estados Unidos nunca ratificó su adhesión y mantiene desde hace años una posición crítica respecto a sus atribuciones.
