Juez detenido en Colombia: cuatro investigaciones y un soborno de 2 millones de dólares
Por EDITOR Noviembre 6, 2026 91
Luis Benítez Alcántara, juez federal desde 2018, fue arrestado a petición de Estados Unidos por presuntamente cobrar a la organización de Ryan Wedding para liberar a Andrew Clark, su segundo operador. El Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que el juzgador ya tenía cuatro investigaciones abiertas por otras presuntas irregularidades.
La detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la justicia federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de recibir un soborno de dos millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como segundo al mando de la organización criminal de Ryan Wedding. Washington anunció que solicitará su extradición.
Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el domingo 1 de noviembre en Colombia. De acuerdo con la acusación sustitutiva presentada ante una corte federal de California el 4 de septiembre, enfrenta nueve cargos de complicidad posterior al delito, relacionados con presuntamente ayudar a Clark a evitar su detención, procesamiento o castigo en Estados Unidos. Si fuera declarado culpable, cada cargo contempla una pena máxima de 15 años de prisión.
El caso se remonta a octubre de 2024, cuando Clark fue detenido en México por cargos estadounidenses de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato. El juez mexicano tenía a su cargo el procedimiento de extradición. En noviembre de ese año, Estados Unidos formalizó la solicitud para que el canadiense fuera enviado a ese país, pero el proceso dio un giro meses después.
La acusación estadounidense sostiene que entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en cantidades pequeñas para conseguir su liberación. Dentro de ese monto, habría negociado entregar dos millones de dólares al juez. El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez habría recibido el pago completo, concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación. Clark fue recapturado días después y trasladado a Estados Unidos, donde continúa su proceso penal.
La trayectoria del juzgador también quedó bajo revisión. Benítez Alcántara ingresó a la carrera judicial y comenzó a desempeñarse como juez de Distrito en octubre de 2018; desde 2021 estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Su ficha curricular registra formación en Derecho, especialización en amparo y estudios en el sistema penal acusatorio.
El Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juez tenía cuatro investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional. El organismo aclaró que esas quejas son de naturaleza distinta a la acusación de Estados Unidos y anunció una investigación de oficio tras conocerse la detención. No detalló públicamente los expedientes ni sus estados procesales.
Entre los asuntos de alto perfil en los que intervino se encuentra el caso Pegasus: en enero de 2024 absolvió a Juan Carlos García Rivera, único acusado en el proceso por el espionaje contra la periodista Carmen Aristegui. La decisión fue confirmada por un tribunal federal en 2025. También participó en procesos relacionados con la Estafa Maestra, entre ellos la vinculación a proceso de un exfuncionario de Sedatu por una contratación presuntamente ilegal superior a 77 millones de pesos.
Otro expediente fue el de la abogada laboralista Irene León, denunciada por Grupo Herdez en un litigio por presunto fraude procesal. La Fiscalía capitalina buscó desistirse de la acción penal al considerar que había irregularidades y falta de elementos; Benítez dejó sin efectos esa determinación y ordenó continuar el procedimiento. En otro asunto, se negó a girar una orden de aprehensión contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga por una presunta defraudación fiscal de alrededor de 1.6 millones de pesos. Son decisiones controvertidas, pero no se ha demostrado que estén relacionadas con la acusación de soborno.
La investigación estadounidense coloca el caso en una dimensión internacional: la presunta liberación de Clark habría favorecido a una organización señalada por traficar cocaína entre Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá. El expediente contra Benítez deberá seguir su curso en el proceso de extradición y ante los tribunales correspondientes. En México, el Tribunal de Disciplina tendrá que explicar el alcance de las cuatro investigaciones previas y qué controles existían sobre las decisiones del juzgador.
