Juez declara inconstitucional la reforma judicial y concede primer amparo
Por EDITOR Agosto 5, 2026 22
La reforma judicial aprobada en 2024 enfrenta su primer revés en los tribunales. Un juez federal en Jalisco concedió un amparo al considerar que la modificación constitucional es inconstitucional, al estimar que vulnera derechos humanos y presenta irregularidades en el procedimiento legislativo con el que fue aprobada.
La resolución fue emitida por el juez en materia administrativa Agustín Archundia Ortiz, quien resolvió a favor de tres integrantes del Poder Judicial que impugnaron la reforma mediante juicio de amparo. El fallo protege, por ahora, a la magistrada en funciones Mercedes Verónica Sánchez, al magistrado retirado Manuel Ernesto Saloma y a Aidée Sánchez.
En una sentencia de más de 170 páginas, el juzgador sostiene que diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos le permiten realizar un control sobre el contenido de una reforma constitucional cuando ésta pudiera afectar derechos fundamentales, argumento con el que respaldó su decisión.
Sin embargo, la resolución todavía no produce efectos definitivos. El expediente deberá ser revisado por uno de los tres Tribunales Colegiados de Circuito con sede en Jalisco, instancia que determinará si confirma, modifica o revoca el criterio adoptado por el juez. La notificación formal del fallo está prevista para el 17 de agosto.
Debido a la relevancia constitucional del caso, especialistas consideran que el litigio podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya sea mediante la facultad de atracción o por remisión del tribunal colegiado que conozca del asunto.
La reforma judicial de 2024 transformó el sistema de designación de jueces, magistrados y ministros al establecer su elección mediante voto popular, uno de los cambios institucionales más profundos en la historia reciente del Poder Judicial mexicano y que ha generado un intenso debate jurídico y político.
Aunque el fallo representa el primer pronunciamiento judicial que cuestiona directamente la constitucionalidad de la reforma, el proceso legal apenas comienza. La decisión que adopten los tribunales de revisión y, eventualmente, la Suprema Corte, será determinante para definir el alcance de este precedente.
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