Un juez federal de Estados Unidos impidió al fiscal general de California hacer cumplir una nueva ley que permite demandar a la industria de armas de fuego por fabricar o vender armas "anormalmente peligrosas".
El juez federal de distrito Andrew Schopler, en San Diego, se puso del lado de una asociación comercial de la industria de armas de fuego al concluir que parte de una medida de control de armas promulgada por el gobernador demócrata Gavin Newsom en 2022 era probablemente inconstitucional.
Es el primer fallo en un caso que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Responsabilidad de la Industria de Armas de Fuego de California.
La ley se promulgó poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, emitiera un fallo histórico en junio de 2022 sobre la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que amplió significativamente los derechos a portar armas.
Newsom, al promulgar las nuevas restricciones estatales a las armas de fuego en julio de 2022, las calificó de necesarias para garantizar que los fabricantes de armas de fuego mortales pudieran rendir cuentas ante los tribunales y "ya no pudieran esconderse de la destrucción masiva que han causado".
Pero en una demanda presentada en mayo, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF) argumentó que las restricciones de California violaban varias disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, incluida la Segunda Enmienda, que protege el derecho a poseer y portar armas.
Schopler, designado por el presidente demócrata Joe Biden, no abordó la cuestión de la Segunda Enmienda en el fallo del miércoles y en cambio encontró que la ley probablemente violaba la llamada Cláusula de Comercio inactiva de la Constitución, que restringe a los estados interferir con el comercio interestatal.
Por ejemplo, dijo, una empresa de Tennessee que fabrica armas que son legales en su estado pero que cumplen con la definición de "anormalmente peligrosas" de California aún podría enfrentar responsabilidad bajo la ley incluso si sus productos fueron enviados a la cercana Arizona y utilizados posteriormente para cometer un delito en California.
"Debido a que la norma sobre armas de fuego 'anormalmente peligrosas' va más allá de las fronteras de California y regula directamente las transacciones comerciales fuera del estado, es probable que entre en conflicto con la inactiva Cláusula de Comercio", escribió Schopler.
Emitió una orden judicial preliminar que prohíbe al Fiscal General de California, Rob Bonta, un demócrata, demandar a los miembros de la NSSF mientras avanza la demanda.
Lawrence Keane, asesor general de la NSSF, acogió con satisfacción el fallo. La ley "intenta utilizar la amenaza real de responsabilidad en el comercio más allá de la frontera de California e imponer sus opciones políticas a otros estados", dijo.
Daniel Villaseñor, portavoz de Newsom, dijo que el gobernador estaba consultando con Bonta sobre los próximos pasos. Señaló que el juez también desestimó parte de la demanda de la NSSF que impugnaba el requisito de que los participantes de la industria, incluidas las tiendas de armas, trabajaran para evitar transacciones ilegales y otras violaciones de la ley.
"Esto significa que los malos actores aún pueden ser considerados responsables por los daños que causan sus productos", dijo Villaseñor en un comunicado.
