Irregularidades en la cuenta pública

Por EDITOR Febrero 22, 2024 21

Por Eduardo López Chávez

Cuando las cosas se hacen mal, no importa cuánto se traten de ocultar, siempre saldrá a la luz el error, no se tapa el sol con un dedo… Macraf

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático. El ejercicio responsable de los recursos públicos no solo brinda confianza a la ciudadanía, sino también a los inversionistas. Por este motivo, la reciente entrega del tercer informe de la Cuenta Pública de 2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados cobra una relevancia crucial. En este informe se han puesto de manifiesto una serie de irregularidades por un total de 32,894 millones de pesos, de los cuales apenas se han podido comprobar 3,128 millones de pesos. Esta situación deja claro que se requieren mayores controles.

Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de justificación de más de 29,765 millones de pesos. Esta cifra representa una suma considerable que debe ser aclarada por los entes fiscalizados. Las entidades federativas son el foco principal de estas irregularidades, con un total de más de 22,892 millones de pesos. Le siguen el área de desarrollo económico, con 3,656 millones de pesos, y desarrollo social, con 2,705 millones de pesos. Incluso a nivel federal se detectaron irregularidades por 511 millones de pesos correspondientes al gasto del año 2022.

La ASF llevó a cabo 1,762 auditorías, y los resultados muestran que estados como Durango, Baja California Sur, Puebla, Michoacán de Ocampo e Hidalgo son los más señalados, con montos por aclarar que superan los mil millones de pesos. De acuerdo con lo arrojado por la auditoría, la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto es la principal irregularidad detectada, representando más del 64% del monto por aclarar.

Incluso proyectos emblemáticos del gobierno, como la refinería de Dos Bocas, no están exentos de observaciones. Según la ASF, al menos 11 contratos de esta obra tuvieron pagos en exceso o retrasos, lo que podría representar un posible daño al erario por 110 millones 636 mil pesos. Esto plantea dudas sobre la posible existencia de malos manejos de los recursos públicos, especialmente considerando que este proyecto es parte del impulso hacia la autosuficiencia energética. De los 110 millones de pesos en observaciones relacionadas con este proyecto, 87 millones están vinculados con pagos en exceso y 23 millones a la falta de aplicación de penalizaciones por atrasos. Además, el costo inicialmente estimado de 8 mil millones de dólares se ha prácticamente duplicado, alcanzando los 15 mil 963 millones de dólares hasta octubre del año pasado.

Estas cifras y observaciones ponen sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el manejo de los recursos públicos. La rendición de cuentas no solo es un deber ético, sino también un elemento clave para garantizar la confianza de la ciudadanía y los inversionistas en las instituciones gubernamentales. Es fundamental tomar medidas contundentes para esclarecer las irregularidades detectadas y establecer mecanismos que prevengan su repetición en el futuro.

Es evidente que uno de los principales problemas del gobierno de la llamada 4T es la rendición de cuentas y la transparencia. Han tratado en todo momento de esquivar esta obligación mediante artilugios como la seguridad nacional. Sin embargo, en esta última etapa de la administración es necesario que la ciudadanía exija cuentas claras. ¿El gasto público impulsó el crecimiento y el desarrollo económico del país? Mucho me temo que no es así. Por lo tanto, deben rendir cuentas por el posible mal uso de los recursos. Sin transparencia y rendición de cuentas, está claro que no habrá avance en el país. Ojalá se entienda y se implemente.

* El autor es asesor, consultor y conferencista en temas de economía, política, gobierno y empresa, director fundador del sitio El Comentario del Día, conductor titular del programa de análisis económico, político y social “Voces Universitarias” y catedrático en la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

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