Hacienda endurece el cerco al lavado

Por EDITOR Agosto 8, 2026 61

El combate al lavado de dinero entra en una nueva etapa en México: las empresas y personas sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tendrán que demostrar que sus controles funcionan y no solamente que cuentan con expedientes y presentan avisos.

El cambio está contenido en el Acuerdo 115/2026, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que modifica las Reglas de carácter general de la llamada ley antilavado. El nuevo esquema fortalece la identificación de clientes, el conocimiento del beneficiario controlador, el tratamiento de Personas Políticamente Expuestas (PEP), el monitoreo de operaciones y la administración de riesgos.

El punto central es el tránsito hacia un enfoque basado en riesgos. Las empresas deberán identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con sus clientes y operaciones, lo que eleva la responsabilidad de sus áreas de cumplimiento y obliga a construir controles que puedan ser comprobados ante una revisión.

La propia modificación establece que las reglas “incorporan un enfoque basado en riesgos, amplían la identificación y el conocimiento de la persona cliente o usuaria, fortalecen los avisos, los informes y la documentación”. El cambio supone una diferencia relevante frente a un esquema concentrado en reunir documentos y enviar reportes: ahora será necesario acreditar cómo funciona el sistema interno de prevención.

Uno de los mayores focos estará en el beneficiario controlador, es decir, la persona que realmente obtiene los beneficios de una operación o ejerce el control de una estructura corporativa. Las nuevas reglas refuerzan la identificación, actualización y conservación de la información relacionada con estas personas, elevando la exigencia para quienes realizan actividades consideradas vulnerables.

También se fortalecen las medidas relacionadas con las Personas Políticamente Expuestas. La identificación y aplicación de medidas reforzadas para estos perfiles se incorporan al nuevo esquema de cumplimiento, junto con un mayor conocimiento del cliente y el monitoreo de sus operaciones.

La regulación también lleva el cumplimiento hacia el interior de las organizaciones. Entre las obligaciones señaladas se encuentran manuales de políticas internas, capacitación anual del personal relevante, avisos e informes, conservación de información, mecanismos automatizados de monitoreo y una auditoría anual de cumplimiento.

La frase que resume el cambio aparece en la propia documentación asociada a la reforma: “Ya no bastará con identificar clientes y presentar avisos”. El nuevo modelo exige que las empresas puedan demostrar que sus mecanismos de prevención operan efectivamente.

La implementación, además, no será inmediata en todos sus componentes. El acuerdo contempla una entrada en vigor general el 30 de noviembre de 2026. Las obligaciones reforzadas relacionadas con identificación, beneficiario controlador, PEP, enfoque basado en riesgos, manuales, capacitación y avisos tendrán vigencia a partir del 1 de marzo de 2027.

Los mecanismos automatizados deberán estar disponibles a más tardar el 1 de junio de 2027, mientras que el primer periodo anual de auditoría de cumplimiento se contempla para 2028. El calendario convierte la reforma en una tarea inmediata para las empresas que deberán adaptar sus procesos, sistemas y personal antes de que comiencen a aplicarse las obligaciones reforzadas.

El impacto económico no estará solamente en las áreas jurídicas. Las compañías deberán destinar recursos a capacitación, sistemas de monitoreo, actualización de expedientes, análisis de riesgos, controles internos y auditorías. Para los negocios que todavía dependen de procesos manuales, la transición puede representar una inversión relevante.

Para Hacienda, el cambio busca elevar la calidad de la información y fortalecer la capacidad para detectar operaciones de riesgo. Para las empresas, implica una responsabilidad mayor: el cumplimiento tendrá que ser demostrable, trazable y susceptible de auditoría.

La lectura estratégica es que el Gobierno está trasladando una mayor carga preventiva hacia quienes realizan actividades vulnerables. La autoridad no sólo quiere recibir avisos después de una operación; busca que las empresas desarrollen mecanismos capaces de detectar riesgos antes y durante sus operaciones.

El calendario deja una señal clara al sector privado: 2027 será el año de la implementación efectiva y 2028 el primer año en que comenzará a probarse mediante auditorías si esos controles realmente funcionan.