Hacienda corta apoyo al combustible; campo y pesca enfrentan más costos

Por EDITOR Junio 19, 2026 44

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retiró para julio de 2026 los estímulos fiscales aplicables a la gasolina y al diésel utilizados por los sectores agropecuario y pesquero, una decisión que podría traducirse en mayores costos de operación para productores, agricultores y pescadores en todo el país.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los porcentajes de estímulo para gasolina menor a 91 octanos, diésel para actividades pesqueras y diésel para labores agropecuarias serán de 0.00 por ciento durante todo el mes de julio.

Aunque la medida tiene apariencia administrativa, su impacto puede sentirse más allá de los sectores productivos. El combustible es uno de los principales insumos para la producción primaria, desde la preparación de tierras y la operación de maquinaria agrícola hasta las actividades pesqueras y el transporte de mercancías.

La eliminación del beneficio fiscal llega en un momento complejo para el sector agroalimentario. Los productores enfrentan presiones derivadas del aumento en costos logísticos, variaciones climáticas, encarecimiento de fertilizantes y volatilidad en los mercados internacionales de alimentos.

México cuenta con más de 5 millones de unidades de producción agropecuaria y una industria pesquera que genera miles de empleos directos e indirectos en estados costeros como Sonora, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Para muchos productores, el costo del combustible representa una de las partidas más importantes de gasto operativo.

La decisión de Hacienda también ocurre en un contexto donde la inflación alimentaria sigue siendo uno de los indicadores más sensibles para las familias mexicanas. Cuando aumentan los costos de producción en el campo, eventualmente parte de ese impacto puede trasladarse a la cadena de distribución y al consumidor final.

El acuerdo establece que el estímulo será nulo para julio, lo que significa que agricultores y pescadores no contarán con el apoyo fiscal que históricamente ayudaba a compensar una parte del costo energético de sus actividades.

Desde una perspectiva económica, la medida refleja un ajuste en la política de subsidios a combustibles en un entorno donde las finanzas públicas enfrentan mayores presiones presupuestales. Sin embargo, también abre interrogantes sobre la capacidad de pequeños y medianos productores para absorber incrementos de costos sin afectar productividad o rentabilidad.

Estados con fuerte vocación agropecuaria y pesquera podrían resentir con mayor intensidad la eliminación del estímulo. Sonora y Sinaloa destacan por su producción agrícola y pesquera; Veracruz por su actividad agroindustrial; mientras que Yucatán y Quintana Roo mantienen una importante actividad pesquera vinculada al mercado regional y turístico.

La decisión no implica un aumento directo en los precios de los combustibles, pero sí elimina un mecanismo que ayudaba a reducir parte de la carga fiscal asociada a su consumo. En consecuencia, productores deberán asumir el costo completo del combustible utilizado en sus actividades.

Más allá de la discusión fiscal, el mensaje es claro: producir alimentos en México podría resultar más caro durante los próximos meses. El reto será determinar si el sector tiene capacidad para absorber el impacto o si parte de esa presión terminará trasladándose a los precios que pagan consumidores y empresas.