Habemus candidata… y una polémica legal que pone en jaque la llamada “Ley Esposa”

Por EDITOR Febrero 11, 2026 56

Destape en el Senado

n el pleno del Senado de la República, el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, levantó la mano de la senadora Ruth González tras afirmar que “los números te favorecen”, en lo que fue interpretado como un respaldo directo para que la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona aspire a sucederlo en la gubernatura de 2027. Este gesto se produce en medio de una intensa controversia sobre lo que en diversos congresos locales se ha dado en llamar la “Ley Esposa”.

 

La “Ley Esposa” es una reforma estatal impulsada recientemente en San Luis Potosí —y discutida también en otras entidades como Nuevo León e Hidalgo— que obliga, en términos de paridad, a que la próxima contienda por la gubernatura sea encabezada por una mujer. Críticos argumentan que, más allá de un avance en igualdad de género, la medida podría convertirse en un instrumento para facilitar la sucesión política de familiares de gobernadores, disfrazando prácticas de nepotismo con banderas de paridad. Organizaciones civiles han advertido que esta reforma no necesariamente fortalece la participación femenina en política, y podría ser utilizada para perpetuar cotos de poder bajo el argumento de la paridad de género.  

 

En este contexto estalló el debate sobre el nepotismo electoral y las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado su rechazo a que se hereden cargos a familiares directos en la siguiente elección. La mandataria ha declarado que ya existen mecanismos legales para garantizar la paridad de género —como los acuerdos del Instituto Nacional Electoral que obligan a partidos a postular la mitad de candidaturas a mujeres y la otra mitad a hombres— y que leyes como la “Ley Esposa” podrían entrar en conflicto con el marco constitucional vigente.  

 

Sheinbaum ha sido enfática en señalar que la esencia del combate al nepotismo no radica en fórmulas que parecen cosméticas, sino en reglas claras que impidan que los apellidos sean el motor de las candidaturas. Su reforma constitucional enviada al Congreso propone que ningún familiar pueda suceder inmediatamente a otro en un cargo de elección popular, una medida que, aunque limitada en alcance, busca poner freno a las dinámicas más evidentes de nepotismo dentro de la política mexicana. Dicha reforma, aprobada en lo general y con entrada prevista hasta 2030, ha desatado más preguntas que certezas sobre su eficacia real para desarticular las redes de parentesco político.  

 

Lo que está en juego va más allá de una candidatura local: es la confrontación entre discursos de renovación democrática y prácticas que históricamente han permitido que los apellidos se conviertan en moneda de cambio en las boletas electorales. En un país donde el nepotismo —el uso de cargos para favorecer familiares en detrimento del mérito— sigue siendo uno de los principales reclamos de la sociedad, la discusión sobre la “Ley Esposa” y su constitucionalidad abre una brecha en el debate sobre cómo garantizar paridad y, al mismo tiempo, evitar la perpetuación de redes políticas que desafían la legitimidad del sistema democrático.