GOPES de Cabeza de Vaca: condenas por Camargo y nuevas detenciones reabren el caso
Por EDITOR Octubre 29, 2026 37
La detención de Berenice “N”, exintegrante de la Policía Estatal, suma una nueva actuación al expediente por el asesinato de 19 personas en 2021. Once expolicías recibieron condenas de 50 años y otro fue sentenciado a 19; la responsabilidad de la nueva detenida aún debe resolverse en tribunales.
La detención de Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, volvió a colocar bajo escrutinio a los Grupos de Operaciones Especiales (GOPES) de Tamaulipas, una corporación creada durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que terminó vinculada judicialmente con la masacre de 19 personas en enero de 2021. La exagente fue aprehendida el 26 de octubre en Altamira por su probable participación en homicidio calificado. La Fiscalía estatal no ha detallado públicamente qué intervención específica le atribuye.
El caso se remonta al 22 de enero de 2021, cuando fueron asesinadas 19 personas en una brecha de la zona de Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Las víctimas eran 16 ciudadanos guatemaltecos, una persona salvadoreña y dos mexicanos. Sus cuerpos fueron encontrados baleados y calcinados; en el lugar también se localizaron vehículos incendiados. El grupo viajaba por territorio mexicano con destino a Estados Unidos.
La investigación penal acreditó la participación de policías estatales en los homicidios y en acciones posteriores para alterar la escena. En octubre de 2023, once expolicías fueron condenados a 50 años de prisión por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. Otro agente recibió una sentencia de 19 años por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. Las condenas constituyeron un avance judicial, pero no agotaron las líneas de investigación relacionadas con el caso.
La captura de Berenice “N” se suma a otras actuaciones posteriores a las sentencias. En septiembre de 2026 fue recapturado José Arturo Alfaro Acuña, otro exintegrante de los GOPES relacionado con el expediente. De acuerdo con información atribuida a la Fiscalía, todavía habría una persona pendiente de detención. La situación jurídica de cada persona debe analizarse por separado: una orden de aprehensión implica una imputación probable, no una sentencia condenatoria.
Los GOPES fueron presentados oficialmente el 7 de agosto de 2020 por el entonces gobernador García Cabeza de Vaca como una fuerza especializada para combatir a organizaciones criminales y responder a situaciones de alto riesgo. La administración anunció una plantilla inicial de 150 elementos, tres helicópteros, drones, binomios caninos y 25 vehículos blindados, con bases operativas en Reynosa y Ciudad Victoria. La Dirección de Operaciones Especiales había sido creada mediante decreto en julio de ese año dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Durante el proceso por la masacre, testimonios judiciales mencionaron a mandos policiales que ocupaban cargos operativos en aquel periodo. Las declaraciones y las sentencias documentaron actuaciones de agentes, pero no acreditan por sí mismas que el exgobernador haya ordenado o participado directamente en los asesinatos. La responsabilidad individual y la eventual responsabilidad de otros mandos deben establecerse mediante pruebas y procedimientos legales.
El caso también tiene una dimensión de derechos humanos. En octubre de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación por Violaciones Graves 168VG/2024, en la que documentó violaciones al derecho a la vida y el uso ilegítimo de la fuerza atribuibles a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, además de afectaciones a familiares de las víctimas y al interés superior de niñas y niños. El organismo recomendó medidas de reparación integral y acciones para evitar la repetición de hechos similares.
La corporación dejó de operar y su estructura administrativa fue extinguida en noviembre de 2024, según los reportes consultados. Sin embargo, la desaparición de la unidad no cerró las consecuencias penales ni las obligaciones de reparación. Organizaciones acompañantes de las familias han reclamado que se esclarezca la cadena de mando y se atiendan los pendientes de verdad, justicia y reparación integral.
La nueva detención mantiene vigente una pregunta institucional: cómo una fuerza presentada como unidad de élite terminó con integrantes condenados por una masacre. La respuesta exige distinguir las responsabilidades ya acreditadas en tribunales de las imputaciones que continúan bajo investigación, además de vigilar el cumplimiento de las medidas de reparación para las víctimas y sus familiares.
