Gobierno incorpora más de 7 mil hectáreas al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui

Por EDITOR Julio 6, 2026 22

El Gobierno federal dio un nuevo paso en la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) publicó tres resoluciones mediante las cuales declara como terrenos nacionales más de 7 mil hectáreas ubicadas en el municipio de Cajeme, Sonora, una decisión que fortalece el proceso de regularización territorial impulsado desde 2021 para atender las demandas históricas de esta comunidad indígena.

Las resoluciones comprenden los predios Rancho Las Palomas y/o Cerro Tordillo, con una superficie de 3 mil 243.63 hectáreas; El Rescate, con 2 mil 588.35 hectáreas; y El Tigre, con 1 mil 207.85 hectáreas. En conjunto representan 7 mil 39.83 hectáreas que ahora cuentan con certeza jurídica como terrenos nacionales, condición indispensable para avanzar en los siguientes procedimientos de incorporación al Plan de Justicia.

Las investigaciones realizadas por la autoridad agraria concluyeron que los tres predios carecen de antecedentes de propiedad privada válidamente acreditados. Por ello, las resoluciones establecen que “los terrenos descritos tienen el carácter de terreno nacional”, conforme a lo previsto por la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales.

Este paso jurídico resulta clave porque permite al Estado disponer legalmente de estos terrenos dentro de la estrategia de restitución territorial acordada con el Pueblo Yaqui. El Plan de Justicia contempla acciones orientadas a garantizar derechos históricos relacionados con la tierra, el agua, la infraestructura, el desarrollo económico y el fortalecimiento de las comunidades indígenas.

Las resoluciones también precisan que las declaratorias derivan de estudios técnicos, inspecciones de campo y consultas en los registros públicos de la propiedad, mediante los cuales se verificó que no existían títulos de propiedad inscritos sobre los predios analizados. La autoridad señala que “no se encontraron antecedentes registrales que acreditaran propiedad particular”, razón por la cual procedió la declaratoria de terrenos nacionales.

Aunque las publicaciones no implican por sí mismas una transferencia inmediata de propiedad, sí constituyen uno de los pasos jurídicos más importantes del proceso. Sin esta declaratoria, el Gobierno no podría continuar con las acciones de regularización patrimonial contempladas dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

Desde una perspectiva de política pública, la decisión refleja la continuidad de una estrategia federal que busca resolver conflictos agrarios acumulados durante décadas mediante mecanismos legales de reconocimiento territorial y certeza jurídica. Para las comunidades beneficiadas, la definición del estatus legal de estos predios representa una condición necesaria para consolidar proyectos productivos y fortalecer su patrimonio.

Más allá del procedimiento administrativo, las resoluciones publicadas en el Diario Oficial muestran que el Plan de Justicia Yaqui continúa avanzando sobre bases legales concretas. La incorporación de más de siete mil hectáreas constituye uno de los movimientos territoriales más relevantes registrados este año dentro de la política federal de restitución de derechos para pueblos indígenas.