Gobierno cambia las reglas para fijar el valor de la tierra en proyectos energéticos

Por EDITOR Julio 7, 2026 35

El Gobierno federal modificó una de las reglas clave para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y electricidad en México. A partir de ahora, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) aplicará una nueva metodología obligatoria para determinar cuánto valen los terrenos y cuánto deberán pagarse las rentas o indemnizaciones cuando sean utilizados para obras estratégicas del sector energético. La medida sustituye el esquema vigente desde 2017 y busca dar mayor certeza jurídica a propietarios, ejidos, comunidades y empresas.  

La actualización responde a las nuevas Ley del Sector Hidrocarburos y Ley del Sector Eléctrico, publicadas en 2025, por lo que el Gobierno consideró necesario crear un mecanismo uniforme para calcular los valores de referencia que servirán como base en las negociaciones relacionadas con ductos, líneas de transmisión, plantas de generación, servidumbres, ocupaciones temporales y adquisición de terrenos.

El propio acuerdo establece que la metodología tiene por objeto “establecer los criterios, enfoques y procedimientos técnicos” para elaborar los tabuladores de valor promedio de la tierra y que éstos funcionarán como “valores de referencia iniciales para los procesos de negociación” previstos en la legislación energética.

¿Qué cambia?

La principal novedad es que por primera vez la metodología incorpora no solo el Valor Promedio de la Tierra, sino también el Valor Promedio de Renta Anual, un parámetro que servirá como base económica para calcular las contraprestaciones e indemnizaciones derivadas del uso, ocupación o constitución de servidumbres sobre los predios. Esto da mayor certidumbre tanto a los propietarios como a las empresas involucradas en proyectos energéticos.

Otra innovación importante es la creación de una Guía Técnica obligatoria de ocho etapas, que deberán seguir todos los Peritos Valuadores de Bienes Nacionales. El objetivo es que los avalúos se elaboren con los mismos criterios técnicos en todo el país, evitando diferencias de interpretación entre regiones y fortaleciendo la transparencia en los procesos de valuación.

La metodología también moderniza la clasificación de los terrenos. Además de las categorías tradicionales —como agostadero, agrícola de temporal, agrícola de riego o agrícola con influencia urbana— incorpora criterios específicos para identificar terrenos en transición, es decir, aquellos que atraviesan un proceso formal de cambio hacia uso urbano y cuyo valor depende tanto de la infraestructura disponible como del avance de su transformación jurídica.  

Otro aspecto relevante es que todos los avalúos deberán apegarse a las Normas Internacionales de Valuación (IVS) y observar principios de independencia, objetividad, ética profesional y control de calidad. El acuerdo señala que la nueva metodología busca garantizar “calidad técnica, certeza jurídica, oportunidad y transparencia” en la emisión de los tabuladores utilizados en las negociaciones.

Para propietarios de tierras, ejidos y comunidades, la reforma significa que las futuras negociaciones con empresas públicas, asignatarios, contratistas o permisionarios del sector energético partirán de valores de referencia definidos mediante un procedimiento técnico uniforme. Para las empresas, representa mayor certidumbre jurídica y reglas más claras al momento de desarrollar proyectos de infraestructura.

Más allá del lenguaje técnico, la decisión tiene implicaciones económicas importantes. La forma en que se determina el valor de un terreno puede definir el costo de un gasoducto, una línea de transmisión eléctrica o una planta energética. Con esta actualización, el Gobierno busca reducir la incertidumbre en las negociaciones, disminuir controversias y ofrecer un marco más transparente para una industria que moviliza inversiones millonarias en todo el país.