Gobierno busca acelerar sentencias y preliberaciones de personas en prisión

Por EDITOR Octubre 1, 2026 37

La Consejería Jurídica revisa casos del sistema anterior con años en prisión preventiva sin sentencia y prepara un mecanismo para detectar de oficio a personas sentenciadas que podrían acceder a una preliberación conforme a la ley.

El Gobierno de México abrió dos líneas de revisión dentro del sistema penitenciario: por un lado, los casos de personas que llevan años en prisión preventiva sin sentencia y, por otro, los de personas ya sentenciadas que podrían cumplir los requisitos para una preliberación.

Durante la conferencia matutina de este 1 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que se están identificando los expedientes correspondientes al sistema anterior, particularmente aquellos en los que las personas permanecen privadas de la libertad durante periodos prolongados sin que exista todavía una sentencia.

La revisión contempla ubicar en qué reclusorios se encuentran estas personas y bajo qué procedimientos permanecen detenidas, con el objetivo de acelerar los procesos para que puedan llegar a una resolución judicial. El planteamiento no significa una liberación automática: mientras no exista sentencia, las personas mantienen la condición jurídica correspondiente a un proceso penal en curso.

La segunda línea se concentra en personas que ya fueron sentenciadas por delitos menores y que, de acuerdo con Alcalde, podrían cumplir las condiciones previstas por la legislación para acceder a una preliberación. Entre los elementos que mencionó se encuentran la buena conducta y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

La funcionaria señaló que en algunos casos las defensas no solicitan estos beneficios, por lo que la Consejería Jurídica trabaja en identificar un mecanismo que permita que, cuando exista un caso susceptible de ese beneficio, el juez pueda evaluarlo de oficio.

La diferencia jurídica entre ambos grupos es relevante. Una persona en prisión preventiva todavía no cuenta con una sentencia condenatoria firme, mientras que los beneficios preliberacionales corresponden a personas sentenciadas y se encuentran regulados dentro del régimen de ejecución penal. La Suprema Corte ha establecido que la Ley Nacional de Ejecución Penal regula estos beneficios y sus requisitos. 

La legislación contempla distintas modalidades de beneficios preliberacionales, entre ellas la libertad condicionada, la libertad anticipada y la preliberación por criterios de política penitenciaria. Esta última, por ejemplo, contempla determinados supuestos y establece restricciones para delitos específicos, por lo que la posibilidad de acceder a un beneficio depende de las condiciones particulares de cada expediente. 

El alcance de la estrategia dependerá ahora de cuántos casos sean identificados, qué condiciones procesales tengan y qué determinaciones adopten los jueces competentes. El punto central es que el Gobierno busca ordenar dos problemas distintos: procesos penales que llevan años sin sentencia y beneficios penitenciarios que podrían no estar siendo solicitados pese a que determinadas personas cumplen los requisitos legales.