Fiestas con proveedor del INE ponen bajo presión a Taddei por contratos millonarios

Por EDITOR Octubre 23, 2026 16

Funcionarios responsables de contrataciones aparecen en reuniones organizadas por José Alfredo Hernández Casillas; la presidenta del instituto rechaza favoritismos y ofrece revisar los contratos.

La relación social entre la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales, abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la transparencia de las contrataciones del organismo. Imágenes y videos difundidos por medios de comunicación muestran reuniones organizadas por el empresario a las que asisten funcionarios vinculados con las áreas de adquisiciones y administración del instituto.

Entre los asistentes identificados en esas celebraciones figuran Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, área relacionada con licitaciones y contrataciones; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros, e Iliana Araceli Hernández Gómez, actual titular de la Unidad de Género. También aparece José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.

El punto de mayor interés público es la coincidencia entre la relación social con el proveedor y la presencia de funcionarios que participan o han participado en procesos administrativos relacionados con contratos. Esa circunstancia plantea preguntas sobre los mecanismos de prevención de conflictos de interés, la trazabilidad de las adjudicaciones y la capacidad del instituto para garantizar que las decisiones se tomen bajo criterios verificables y competitivos.

La dimensión económica también es relevante. Una de las contrataciones mencionadas en los reportes periodísticos corresponde a la producción de la credencial para votar, mediante una licitación en la que participan Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solution. El monto reportado para ese contrato es de aproximadamente mil 173 millones de pesos, lo que lo convierte en una adjudicación de alto impacto para el presupuesto del organismo.

Los señalamientos alcanzan también a empresas relacionadas con la familia Hernández Casillas que han participado en contrataciones de materiales electorales. Entre los antecedentes reportados está un contrato por 32 millones de pesos otorgado a Corporativo Zeg durante la etapa en que Iliana Araceli Hernández Gómez se desempeñó como secretaria ejecutiva del organismo electoral local de Oaxaca. La existencia de contratos y vínculos empresariales, por sí sola, no acredita una irregularidad; lo relevante es verificar los procedimientos, las condiciones de competencia y las posibles relaciones que debieron declararse.

En paralelo, reportes periodísticos documentaron que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde 2023 operaciones de empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La indagatoria, según esos reportes, contempla posibles esquemas de simulación de competencia, operaciones financieras entre sociedades y uso de empresas presuntamente vinculadas con facturación irregular. Las investigaciones siguen siendo señalamientos que deben acreditarse por las autoridades competentes; no equivalen por sí mismos a una sentencia condenatoria.

Ante la controversia, Taddei ha rechazado que existan empresas favoritas dentro del INE y ha defendido la legalidad de los procesos de contratación. También ofreció facilitar la información al Órgano Interno de Control del instituto y a la Auditoría Superior de la Federación para que se revisen los procedimientos y se determinen, en su caso, posibles responsabilidades. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se aclaren los señalamientos y se transparente la información.

El desafío institucional va más allá de determinar si una reunión privada constituye por sí misma una falta. La revisión debe establecer si hubo decisiones de contratación irregulares, ventajas indebidas, omisiones en la declaración de posibles conflictos de interés o incumplimientos de las reglas aplicables. En una autoridad responsable de organizar las elecciones, la transparencia verificable y la rendición de cuentas son esenciales para proteger la confianza ciudadana.