FGR amplía investigación por huachicol a empresas vinculadas con Ingemar

Por EDITOR Julio 22, 2026 26

La investigación sobre la presunta red de contrabando de hidrocarburos conocida como el caso Ingemar continúa expandiéndose. La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó a nuevas empresas relacionadas con la estructura corporativa del grupo bajo sospecha de haberse beneficiado de las operaciones investigadas por presunto huachicol fiscal. 

Entre las compañías bajo investigación se encuentran Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, propiedad de Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, este último detenido junto con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. De acuerdo con la indagatoria, ambas sociedades forman parte del entramado empresarial que las autoridades buscan esclarecer. 

La revisión de documentos mercantiles revela que ambas empresas fueron constituidas originalmente con actividades distintas al sector energético. Sin embargo, entre 2018 y 2022 modificaron sus objetos sociales para incorporar actividades relacionadas con almacenamiento, transporte, comercialización e importación de hidrocarburos, ampliando así su participación en esa industria. 

La investigación periodística también documenta que estas compañías recibieron 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente de la empresa estatal Exportadora de Sal y de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Ensenada para trabajos de mantenimiento y servicios especializados. 

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México. Las autoridades estiman que el esquema habría movilizado más de 800 millones de litros de gasolina y diésel mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas, ocasionando un daño millonario al erario. 

La FGR sostiene que las investigaciones continúan y buscan determinar el grado de participación de personas físicas y morales dentro de la red empresarial vinculada al caso. Hasta el momento, las indagatorias permanecen en curso y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades penales que correspondan conforme avance el proceso. 

 

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