Familia García Cabeza de Vaca suma 28 propiedades en Texas por 3.8 mdd

Por EDITOR Septiembre 2, 2026 49

Registros del condado de Hidalgo identifican bienes ligados al exgobernador, su esposa, sus hermanos y su madre; el patrimonio inmobiliario vuelve a cruzarse con el expediente financiero abierto por la UIF desde 2021.

Una nueva revisión de registros catastrales en Texas coloca nuevamente bajo escrutinio el patrimonio inmobiliario de la familia García Cabeza de Vaca. De acuerdo con la investigación de Proceso proporcionada para este PEB, 28 propiedades vinculadas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su esposa, sus hermanos y su madre alcanzan un valor catastral conjunto de aproximadamente 3 millones 788 mil dólares en el condado de Hidalgo.

Los inmuebles están distribuidos principalmente entre McAllen, Mission, Alamo y Alton, ciudades del Valle del Río Grande ubicadas frente a Tamaulipas. El conjunto incluye casas, terrenos y propiedades bajo esquemas de copropiedad familiar, lo que permite reconstruir una parte del patrimonio inmobiliario de los García Cabeza de Vaca en el sur de Texas.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca llegó a concentrar hasta 10 propiedades en esa zona. Sin embargo, los registros muestran movimientos recientes. El 17 de abril de 2025 vendió tres inmuebles ubicados de manera consecutiva sobre West Business Highway 83, con un valor catastral conjunto superior a 356 mil dólares.

El patrimonio también está distribuido entre otros miembros de la familia. Ismael García Cabeza de Vaca aparece relacionado con cuatro propiedades, mientras José Manuel García Cabeza de Vaca figura con tres inmuebles principales en McAllen. María de Lourdes Cabeza de Vaca, madre del exgobernador, aparece como propietaria de una residencia campestre en The Oaks at Cimarron, en Mission.

La investigación identifica además una importante concentración de bienes bajo propiedad conjunta. Ocho inmuebles aparecen registrados a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Mariana Gómez Leal, mientras otras dos propiedades están relacionadas con ambos y José Manuel García Cabeza de Vaca. En South 49th Lane, McAllen, se concentra particularmente el patrimonio del exgobernador y su esposa.

El hallazgo adquiere relevancia porque el patrimonio de la familia ya había formado parte de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. En 2021, durante el procedimiento de desafuero del entonces gobernador, la UIF presentó información sobre operaciones financieras y bienes vinculados con García Cabeza de Vaca y personas de su entorno. Posteriormente, el propio Santiago Nieto afirmó que la UIF había localizado 28 inmuebles entre México y Estados Unidos. 

Aquí conviene hacer una precisión: las 28 propiedades identificadas actualmente en el condado de Hidalgo no deben presentarse automáticamente como las mismas 28 que documentó la UIF en 2021. El dato actual corresponde al rastreo de registros inmobiliarios en Texas, mientras que el expediente de la UIF hacía referencia a inmuebles ubicados tanto en México como en Estados Unidos. Esa diferencia es importante para no convertir una actualización patrimonial en una conclusión judicial.

El contexto legal también cambió este año. En febrero de 2026, la Suprema Corte revocó el amparo que protegía a García Cabeza de Vaca frente a una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución correspondió al amparo en revisión 435/2025 y determinó que el juez de amparo había realizado una valoración de elementos que correspondía a la etapa penal. 

La decisión de la Corte no constituye una declaración de culpabilidad. Lo que hizo fue dejar sin efecto la protección constitucional que impedía ejecutar la orden de aprehensión, por lo que el expediente penal volvió a tener vigencia en los términos determinados por el tribunal. 

Así, el nuevo mapa inmobiliario aporta una fotografía patrimonial actualizada, pero no resuelve por sí mismo el origen de los recursos utilizados para adquirir los bienes. Esa es precisamente la pregunta que mantiene vigente el interés del caso: qué patrimonio existe actualmente, cómo se distribuye entre los integrantes de la familia y cuál es la relación —si alguna— entre esos activos y las operaciones que fueron investigadas por las autoridades mexicanas.