El Poder Judicial aprieta el paso contra el rezago de sentencias

Por EDITOR Agosto 12, 2026 33

El Poder Judicial de la Federación puso en marcha una estrategia para atacar uno de los problemas que más directamente afecta a quienes buscan justicia: los expedientes que permanecen durante meses sin sentencia. El nuevo esquema permitirá medir el rezago, redistribuir asuntos, enviar personal de apoyo y, en los casos más críticos, retirar temporalmente nuevos expedientes a los órganos con mayor acumulación para que puedan concentrarse en resolver los pendientes. 

12082026-MAT.pdf

El acuerdo aprobado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial y publicado en el Diario Oficial establece como objetivo “abatir eficazmente el rezago que existe en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación” y garantizar a las personas justiciables una justicia pronta y expedita. La medida forma parte del nuevo esquema administrativo surgido de la reforma judicial y coloca el desempeño de juzgados y tribunales bajo un sistema de seguimiento institucional. 

12082026-MAT.pdf

El diagnóstico utilizado por el propio Poder Judicial divide el rezago de acuerdo con el tiempo transcurrido desde que un expediente queda listo para resolución. Los casos que superan 90 días ya son considerados rezagados, mientras que aquellos que llevan más de 360 días representan el nivel de mayor temporalidad. El análisis se realizó con información estadística de mayo de 2025 a abril de 2026 y con datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 

12082026-MAT.pdf

La estrategia no parte de atribuir el problema únicamente a las personas juzgadoras. El diagnóstico reconoce factores estructurales y operativos, como cargas de trabajo inusuales, falta de recursos e insuficiencia de órganos, pero también identifica factores humanos relacionados con organización, productividad y desempeño. El propio documento advierte que se trata de un diagnóstico institucional y no de un mecanismo para prejuzgar responsabilidades individuales. 

12082026-MAT.pdf

Uno de los cambios más relevantes será utilizar la capacidad de los órganos que tienen menor carga para auxiliar a los que enfrentan mayores problemas. Los programas específicos para cada circuito podrán determinar qué juzgados requieren apoyo, cómo se redistribuirán los expedientes y qué personal será destinado a esa tarea. La prioridad estará en los casos más antiguos: el documento establece que, preferentemente, al menos la mitad de los asuntos atendidos semanalmente deberá corresponder a los expedientes con mayor antigüedad. 

12082026-MAT.pdf

La medida más contundente está reservada para los casos de “muy alto rezago judicial”. En esas circunstancias, el Órgano de Administración Judicial podrá excluir temporalmente a un juzgado o tribunal del turno regular de nuevos asuntos hasta que alcance un equilibrio entre la liberación de expedientes y el aumento de su productividad. La intención es que un órgano saturado deje de acumular nuevos casos mientras recupera capacidad para resolver los que ya tiene pendientes. 

12082026-MAT.pdf

El plan también abre la puerta a cambios en la estructura de los tribunales. La Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales deberá proponer, según las necesidades de cada circuito, la reorganización, conversión, ampliación de competencia, cambio de especialización o incluso conclusión de funciones de determinados órganos. Esto significa que el nuevo modelo no sólo busca que los juzgados trabajen más rápido, sino también modificar dónde y cómo se distribuye la carga judicial. 

12082026-MAT.pdf

En materia penal también habrá una revisión específica. El Poder Judicial plantea analizar la existencia real de asuntos y su estado procesal en los juzgados que conocen procesos penales federales para determinar si pueden concentrarse en un menor número de órganos. La finalidad es reducir estructuras que tengan una carga insuficiente y concentrar capacidades para hacer más eficiente la tramitación y conclusión de los procesos. 

12082026-MAT.pdf

Otra pieza de la estrategia será sacar determinados conflictos de los tribunales cuando exista una vía alternativa. El documento señala que el incremento sostenido de la carga de trabajo es uno de los principales motivos de la dilación y propone fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. Para ello, el Centro Público de Mecanismos Alternativos y la Escuela Nacional de Formación Judicial deberán preparar capacitación para que las personas juzgadoras fomenten estas vías cuando sean procedentes. 

12082026-MAT.pdf

El cambio también introduce una lógica de evaluación permanente. Las medidas tendrán vigencia indefinida y serán revisadas cada seis meses con base en los informes del grupo de trabajo encargado de su seguimiento. Además, las áreas administrativas tendrán un plazo máximo de 90 días para presentar al Pleno las acciones derivadas de la aprobación del acuerdo. 

La lectura estratégica es relevante: el nuevo Poder Judicial está intentando convertir el rezago en un problema medible y administrable. Ya no se trata solamente de reconocer que existen expedientes atrasados, sino de identificar qué órganos concentran el problema, medir cuánto tardan en resolver y mover recursos, personal y carga de trabajo hacia esos puntos críticos.

Para los ciudadanos, la promesa es concreta pero todavía deberá probarse en los tribunales: menos tiempo de espera para obtener una resolución. Para jueces, magistrados y personal jurisdiccional, el mensaje es igualmente claro: el desempeño será medido con indicadores homogéneos, habrá metas de productividad y los órganos con rezago severo podrán ser objeto de reorganización o recibir una intervención administrativa más intensa. El propio acuerdo ordena que las medidas sean monitoreadas y evaluadas periódicamente para determinar si realmente están reduciendo el atraso. 

12082026-MAT.pdf

El reto ahora será demostrar que la nueva arquitectura administrativa puede transformar los números en justicia efectiva. Porque para quien lleva meses o años esperando una sentencia, el verdadero indicador no será cuántos expedientes mueve el Poder Judicial, sino cuánto tarda finalmente en llegar la resolución.