Diputados aprueban nacionalidad única para Presidencia y gubernaturas; el Senado tiene la palabra

Por EDITOR Septiembre 23, 2026 20

La reforma constitucional obliga a renunciar a otra nacionalidad antes del registro de candidatura y plantea nuevas restricciones durante el cargo; el siguiente paso es el Senado y después los congresos estatales.

La doble nacionalidad dejaría de ser compatible con una candidatura a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México si prospera la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados. El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

El Pleno de San Lázaro aprobó el dictamen después de una sesión de casi 11 horas. En la votación final en lo particular obtuvo 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, y fue enviado al Senado para continuar su trámite constitucional. 

La propuesta no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. El cambio está dirigido a quienes pretendan ocupar los principales cargos ejecutivos del país y de las entidades federativas. La persona podría conservar la nacionalidad mexicana, pero tendría que acreditar la renuncia a la extranjera antes de solicitar el registro de su candidatura, conforme a las reglas que se establezcan.

El proyecto también plantea que, durante el ejercicio del cargo, la persona titular de la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no pueda adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos como ciudadano de otro Estado ni acogerse a su protección diplomática. 

Aquí comienza la parte decisiva del proceso legislativo. Al tratarse de una reforma constitucional, la minuta debe ser analizada y, en su caso, aprobada por el Senado. Si ambas cámaras coinciden en el texto, deberá pasar después a los congresos de los estados para obtener la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales antes de convertirse en reforma constitucional. 

El calendario también importa. El dictamen contempla que el Congreso de la Unión adecúe la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y leyes electorales dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto. 

La propuesta está planteada para tener efectos a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no modificaría las reglas aplicables a quienes actualmente ocupan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno. Tampoco convierte la doble nacionalidad en una prohibición general para los ciudadanos mexicanos ni para quienes aspiren a otros cargos de elección popular. 

El siguiente punto de atención será, por tanto, el Senado: ahí tendrá que definirse si la reforma conserva el texto aprobado en San Lázaro, si incorpora modificaciones o si el proyecto se detiene. Sólo después de superar las dos cámaras y el procedimiento con las legislaturas estatales podrá conocerse el alcance definitivo de la nueva regla.