Agentes de la Fiscalía capturaron este sábado a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, quien enfrenta acusaciones por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La investigación del organismo judicial señala que Petro Burgos habría recibido al menos 800 millones de pesos colombianos, unos 203 mil dólares, como contribuciones para la campaña presidencial de su padre por parte de un exnarcotraficante y un empresario. Sin embargo, se sospecha que ese dinero no habría sido destinado a la campaña, sino que se habría quedado en manos del acusado.

Además de Nicolás Petro, también fue detenida su exesposa, Daysuris Vásquez, quien previamente había denunciado el caso en la prensa en marzo pasado. Ambos fueron trasladados a Bogotá para ser presentados ante un juez.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y expresó su preocupación y dolor como padre ante la situación, pero aseguró que como jefe de Estado, brindará todas las garantías necesarias para que la Fiscalía actúe en conformidad con la ley.

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Nicolás Petro, de 37 años y diputado local en el departamento del Atlántico, recibió palabras de aliento de su padre, quien le deseó "suerte y fuerza" en este difícil momento, y expresó su esperanza de que esta experiencia le permita reflexionar sobre sus acciones y forjar su carácter.

Por su parte, Daysuris Vásquez enfrenta cargos de lavado de activos y violación de datos personales, por hechos ocurridos desde 2022, durante la campaña electoral.

Las acusaciones de Vásquez apuntan a que el exnarcotraficante Santander López Sierra, conocido como "El hombre Marlboro", entregó 600 millones de pesos colombianos (152 mil dólares) para la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras que el empresario Alfonso Hilsaca aportó otros 200 millones de pesos colombianos (51 mil dólares) para el mismo propósito. Según Vásquez, ese dinero nunca llegó legalmente a la campaña, pues su expareja se habría quedado con esos fondos.

El presidente Gustavo Petro ha solicitado a la Fiscalía que investigue el caso sin interferencias, reafirmando su compromiso con el debido proceso y la independencia judicial. Esta situación ha generado una gran conmoción en la esfera política y social del país, y la justicia tendrá la responsabilidad de esclarecer los hechos y aplicar la ley en este delicado asunto que involucra a un miembro cercano de la familia presidencial.