Detienen a empresario ligado a investigación por importación ilegal de combustibles
Por EDITOR Julio 17, 2026 25
Autoridades federales detuvieron en Ensenada, Baja California, al empresario Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar, como parte de una investigación por presuntas operaciones relacionadas con la importación ilegal de combustibles. Su captura se suma a un expediente que también involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ha rechazado previamente cualquier responsabilidad en los hechos.
La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones. Tras su aseguramiento, Thompson Navarro fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.
Las investigaciones federales se centran en un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos, fraude fiscal aduanero y distribución ilícita de combustibles. De acuerdo con las indagatorias, las autoridades buscan esclarecer la forma en que diversas empresas obtuvieron permisos de importación y habrían utilizado esa infraestructura para introducir grandes volúmenes de diésel y gasolina al país.
Según la información disponible, Ingemar inició operaciones en 2018 y posteriormente modificó su objeto social para participar en el mercado energético. Durante ese periodo obtuvo autorizaciones para importar combustibles, permisos que actualmente forman parte de la revisión realizada por las autoridades fiscales y de inteligencia financiera.
La investigación también mantiene vínculos con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible realizado el año pasado, considerado uno de los decomisos más relevantes en la lucha contra el tráfico ilegal de hidrocarburos. Las autoridades detectaron presuntas irregularidades en la documentación utilizada para el ingreso de más de un centenar de carrotanques al territorio nacional, lo que derivó en la suspensión de diversas autorizaciones comerciales.
El caso refleja el endurecimiento de la estrategia federal contra el llamado “huachicol fiscal”, un esquema que, además del robo de combustibles, involucra presuntas prácticas de evasión fiscal, subvaluación de mercancías y simulación de operaciones aduaneras, con un impacto directo en la recaudación y en la competencia dentro del mercado energético.
La situación jurídica de las personas investigadas será definida por los tribunales conforme se desahoguen las pruebas presentadas por la Fiscalía. Como en todo proceso penal, las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.
