Despojo inmobiliario deja 15 mil víctimas y una impunidad de 96 por ciento

Por EDITOR Agosto 27, 2026 23

El crimen organizado encontró un nuevo frente de negocio en México: el despojo de inmuebles, terrenos agrícolas y propiedades de alta plusvalía. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 15 mil 311 víctimas, mientras la impunidad para este delito alcanza 96.36 por ciento, de acuerdo con las cifras y estimaciones citadas en la investigación.

El fenómeno ya no se limita a disputas particulares por la propiedad de un inmueble. Organizaciones civiles y víctimas señalan la existencia de redes que combinan falsificación de documentos, suplantación de identidad, alteración de escrituras y utilización de estructuras judiciales para despojar a los legítimos propietarios.

La dimensión del problema también aparece en las carpetas de investigación. Se estima que existen alrededor de 45 mil expedientes abiertos por despojo inmobiliario en el país y que 30 por ciento se concentra entre la Ciudad de México y el Estado de México, dos de las entidades donde el valor de las propiedades y la presión inmobiliaria hacen especialmente atractivo este delito.

Un negocio que requiere complicidades

El despojo inmobiliario tiene una característica que lo diferencia de otras actividades delictivas: para consumarse puede requerir la participación o tolerancia de actores que conocen los procedimientos legales y administrativos.

Entre las prácticas identificadas aparecen la alteración de protocolos de notarios fallecidos, la usurpación de identidades, la falsificación de escrituras y el uso de mecanismos judiciales para encarecer y prolongar los procesos que enfrentan los propietarios legítimos.

Jorge Paredes, CEO de Realty Experts, advierte sobre la dimensión de la estructura: “Actualmente se estima que en el País hay aproximadamente 45 mil carpetas de investigación abiertas por delito de despojo inmobiliario”.

La preocupación no sólo está en el número de casos, sino en la posibilidad de que detrás de ellos existan redes capaces de operar durante largos periodos aprovechando vacíos administrativos, corrupción y la lentitud de los procesos para recuperar una propiedad.

Los estados bajo mayor presión

La problemática aparece documentada en al menos 11 entidades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

En Chihuahua, Chiapas y Michoacán, además, se han documentado casos en los que familias fueron expulsadas de sus territorios por grupos del crimen organizado que se apoderaron de viviendas y parcelas.

El fenómeno tampoco afecta por igual a todos los propietarios. 40 por ciento de las víctimas son mayores de 60 años, un grupo especialmente vulnerable frente a mecanismos de engaño, falsificación de documentos y operaciones inmobiliarias que desconocen.

En zonas de alta plusvalía, el método puede ser todavía más sofisticado. La suplantación de identidad, la falsificación de escrituras y la utilización de actos notariales permiten intentar apropiarse de terrenos baldíos, propiedades urbanas y otros activos cuyo valor puede multiplicarse con el desarrollo inmobiliario.

La impunidad como incentivo

El principal problema no es únicamente la cantidad de personas afectadas, sino la dificultad para llevar estos casos hasta una sentencia. Una impunidad de 96.36 por ciento convierte al despojo en un delito con un enorme incentivo económico para quienes cuentan con mecanismos para evadir la acción de la justicia.

La consecuencia para las víctimas puede prolongarse durante años: además de perder temporalmente la propiedad, deben enfrentar procedimientos legales, gastos de abogados y dificultades para demostrar que son los legítimos propietarios.

El especialista citado en la investigación resume una de las principales diferencias territoriales: “En la Ciudad de México y Estado de México prevalecen las invasiones violentas por parte de grupos numerosos que están organizados”.

En otros estados, particularmente en regiones con propiedades rurales o terrenos de alto valor económico, las operaciones pueden desarrollarse mediante mecanismos documentales y jurídicos menos visibles.

El nuevo mapa del crimen patrimonial

La expansión del despojo revela una transformación del delito patrimonial en México. La propiedad inmobiliaria se ha convertido en un activo susceptible de ser apropiado mediante violencia, engaño o la manipulación de procedimientos que deberían garantizar la seguridad jurídica de sus dueños.

El problema también plantea una responsabilidad que rebasa a las policías. Notarías, registros públicos, autoridades municipales, funcionarios judiciales y otras instituciones participan directa o indirectamente en los procesos que permiten acreditar la propiedad y transferirla.

Por eso, la pregunta central ya no es sólo cuántas personas han sido despojadas, sino cómo pueden operar estas redes con tasas de impunidad superiores al 96 por ciento.

Mientras miles de víctimas buscan recuperar sus propiedades y decenas de miles de carpetas permanecen abiertas, el despojo inmobiliario empieza a consolidarse como una de las nuevas fronteras económicas del crimen organizado: un negocio en el que el activo no es una droga, un vehículo o una mercancía, sino una casa, un terreno o una propiedad cuyo valor puede alcanzar millones de pesos.