¿De qué acusan a Inés Gómez Mont? Las claves del caso por 2,950 millones de pesos
Por EDITOR Octubre 31, 2026 40
La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el viernes 30 de octubre, reactivó las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen en su contra desde hace varios años, entre ellas una relacionada con presuntas operaciones financieras irregulares y contratos públicos por 2,950 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exconductora fue asegurada en Estados Unidos como resultado del intercambio de información entre ambos gobiernos, debido a una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, el caso tiene antecedentes que se remontan a 2019, cuando la Fiscalía comenzó a investigar una presunta estructura de empresas y personas que habrían utilizado contratos con dependencias federales para simular operaciones comerciales, reducir cargas tributarias y ocultar el origen de recursos económicos.
¿De dónde surgen los 2,950 millones de pesos?
De acuerdo con el comunicado 026/22, publicado por la FGR el 20 de enero de 2022, la investigación comenzó en noviembre de 2019 e involucró a Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, otras personas y siete empresas por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía identificó dos contratos relacionados con Centros Federales de Readaptación Social, cuyo valor conjunto ascendía a 2,950 millones de pesos.
Según la investigación, las personas y empresas involucradas presuntamente celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces adscrito a la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales para aparentar operaciones comerciales y servicios que no se habrían realizado.
La FGR sostuvo que estas operaciones habrían permitido presentar recursos de origen presuntamente ilícito como ganancias legítimas, además de dificultar su rastreo.
En el mismo comunicado, la dependencia señaló que una de las empresas investigadas, representada por un apoderado identificado como Héctor "Z", recibió más de 2,500 millones de pesos.
No obstante, los 2,950 millones de pesos corresponden al valor de los contratos investigados y no a una cantidad que se haya acreditado como recibida personalmente por Gómez Mont.
