Corte abre vía para reclamar a exfuncionarios por contratos de penales

Por EDITOR Agosto 21, 2026 28

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una nueva ruta jurídica para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pueda defender ante tribunales el patrimonio federal presuntamente afectado por contratos penitenciarios celebrados durante administraciones anteriores y vinculados con funcionarios cercanos a Genaro García Luna. 

El Pleno de la Corte revocó, por siete votos contra dos, la decisión de un Tribunal Colegiado que había cerrado el paso al amparo promovido por la SSPC. El máximo tribunal determinó que la dependencia sí puede acudir a esta vía cuando los recursos federales bajo su administración hayan sufrido una afectación patrimonial. 

El expediente tiene como origen una denuncia presentada en 2020 contra 16 exservidores públicos por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos y convenios modificatorios para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios federales. De acuerdo con la imputación, las operaciones habrían generado una afectación superior a 5 mil millones de pesos. 

Los penales involucrados se encuentran en Chiapas, Michoacán, Durango, Coahuila, Morelos, Sonora, Guanajuato y Oaxaca. La investigación sostiene que entre 2010 y 2019 se celebraron contratos y posteriores convenios modificatorios que mantuvieron vigentes las contrataciones originales pese a las irregularidades señaladas por la Fiscalía General de la República. 

El proceso había encontrado un obstáculo importante. Un juez de control rechazó vincular a proceso a los exfuncionarios y decretó el sobreseimiento parcial de la causa al considerar que algunos hechos habían prescrito. La resolución fue impugnada, pero un tribunal de alzada la confirmó. Posteriormente, la SSPC promovió un amparo directo que también fue sobreseído porque el Tribunal Colegiado consideró que la dependencia no tenía legitimación para promoverlo. 

La Corte modificó ese punto. El criterio adoptado establece que la afectación patrimonial de una dependencia no desaparece por el simple hecho de que el delito investigado sea considerado formal. Si los recursos federales administrados por la Secretaría fueron comprometidos en contrataciones presuntamente irregulares, existe una posible afectación directa que permite a la SSPC acudir al juicio de amparo. 

La decisión no equivale a una condena contra los 16 exservidores públicos ni determina por sí misma su responsabilidad penal. Lo que hizo la Corte fue reconocer la legitimación de la SSPC y devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que ahora analice el fondo del amparo bajo ese nuevo criterio. 

El alcance político y patrimonial de la resolución, sin embargo, es mayor. La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio contratos penitenciarios celebrados durante el periodo en que García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública y permite al gobierno federal mantener abierta una ruta para reclamar judicialmente por recursos públicos presuntamente afectados. La propia UIF ha documentado por separado un esquema de contrataciones públicas vinculado con García Luna y reportó en mayo de 2026 una sentencia en Florida por 578.5 millones de dólares contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas.