Contratos del INE bajo la lupa por vínculos de Taddei con proveedor investigado

Por EDITOR Octubre 22, 2026 17

La UIF investiga a siete empresas proveedoras por presuntas irregularidades financieras y en contrataciones electorales. Taddei niega favoritismos y ofrece información a las instancias fiscalizadoras.

La relación entre la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y José Alfredo Hernández Casillas, representante de una empresa proveedora de materiales electorales, quedó bajo escrutinio público en medio de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre compañías que han recibido contratos de organismos electorales.

La investigación comprende siete empresas vinculadas con el mercado de insumos electorales y revisa presuntas irregularidades en contrataciones, posibles simulaciones de competencia y movimientos financieros. De acuerdo con reportes periodísticos, entre las medidas relacionadas con el caso se encuentran bloqueos de cuentas bancarias. Las indagatorias no equivalen a una resolución definitiva de responsabilidad penal o administrativa contra todas las personas y empresas mencionadas.

Hernández Casillas está vinculado con Cajas Graf, compañía que ha obtenido contratos de instituciones electorales. Uno de los antecedentes señalados corresponde a 2021, cuando el Instituto Estatal Electoral de Sonora asignó a la empresa un contrato por 46 millones de pesos, durante la etapa en que Taddei encabezaba ese organismo. En ese periodo, Raymundo Hernández Casillas, hermano de José Alfredo, presidía el Consejo de Administración de la compañía, según la información difundida por medios.

La relación volvió a llamar la atención tras la difusión de imágenes en las que Taddei y Hernández Casillas aparecen juntos durante una celebración social. La cercanía documentada no demuestra por sí misma una irregularidad, pero adquiere relevancia pública por los contratos recibidos por empresas relacionadas con el empresario y por las investigaciones sobre la red de proveedores electorales.

Cajas Graf también obtuvo en 2025 un contrato para suministrar materiales destinados a la elección judicial, por un monto máximo reportado de alrededor de 198.7 millones de pesos. Las publicaciones sobre el caso mencionan, además, a Corporativo Zeg y otras empresas que habrían participado en procedimientos de contratación con organismos electorales federales y estatales. Las autoridades investigan si algunas compañías relacionadas entre sí pudieron presentarse como competidoras independientes o si existieron movimientos de recursos que requieren aclaración.

La controversia alcanza también a personas que ocuparon cargos administrativos en el INE. Entre los nombres señalados en reportes periodísticos figuran Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del Instituto y previamente vinculado como representante legal a empresas proveedoras, y Jonathan Navarrete Torres, quien aparece en la nómina del organismo como conductor de la consejera presidenta y habría tenido facultades de representación de Corporativo Zeg. Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de transparentar las relaciones empresariales y laborales.

Taddei rechazó tener proveedores favoritos y sostuvo que las empresas señaladas ya trabajaban con autoridades electorales antes de su llegada a la presidencia del INE, en abril de 2023. También afirmó que las contrataciones están sujetas a revisión y puso información a disposición del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación. En respuesta a la polémica, anunció un portal de transparencia para dar a conocer las compras y los contratos del organismo durante el proceso electoral en curso.

El caso coloca bajo presión los mecanismos de contratación del INE y la obligación de garantizar imparcialidad en el uso de recursos públicos. La cuestión central es si las adjudicaciones cumplieron las reglas de competencia, transparencia y prevención de conflictos de interés. Para establecer responsabilidades será necesario conocer los resultados de las investigaciones y las auditorías, sin confundir los señalamientos periodísticos ni las medidas financieras con una declaración definitiva de culpabilidad.