Condenan a excontralora de Cabeza de Vaca por pagos indebidos
Por EDITOR Septiembre 17, 2026 146
Elda Aurora Viñas Herrera fue declarada culpable de dos delitos por hechos ocurridos cuando encabezaba la Contraloría de Tamaulipas; el Tribunal definirá la pena y la reparación del daño el 22 de septiembre.
Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, quien fue contralora gubernamental de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, por dos delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
El fallo fue emitido después del juicio oral celebrado el 15 de septiembre de 2026, dentro de la carpeta procesal CP/14/2025. El Tribunal determinó su responsabilidad penal por uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
La acusación se relaciona con pagos autorizados por Viñas Herrera a favor de Alejandra Reyes Castillo, quien al mismo tiempo se desempeñaba como directora administrativa de la propia Contraloría Gubernamental. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los pagos correspondieron a un contrato de prestación de servicios por honorarios.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas llevó el caso hasta la etapa de juicio oral. Durante el proceso fueron desahogadas las pruebas presentadas por la acusación y, al concluir su valoración, el Tribunal determinó acreditada la responsabilidad penal de la exfuncionaria.
La resolución marca un cambio de etapa en el procedimiento, pero todavía no establece la pena que deberá cumplir Viñas Herrera. La individualización de las sanciones y la reparación del daño serán discutidas en una audiencia programada para el 22 de septiembre.
Según información publicada sobre el fallo, la Fiscalía estimó en 60 mil pesos el daño relacionado con los pagos cuestionados. Las sanciones que podrían derivarse de los delitos incluyen prisión, multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos, aunque corresponderá al Tribunal determinar cuáles resultan aplicables y en qué medida.
Mientras llega esa audiencia, permanecen vigentes las medidas cautelares impuestas durante el proceso, entre ellas la obligación de firma periódica mensual.
El caso coloca bajo revisión judicial decisiones tomadas desde una dependencia cuya función central era precisamente vigilar el uso de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones administrativas del gobierno estatal. La siguiente audiencia definirá el alcance concreto de la condena y de la eventual reparación económica.
